El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido como Dapre, defendió este lunes 19 de enero de 2026 un contrato por 10.000 millones de pesos con la firma Amadeus Consultancy Limited, liderada por el abogado estadounidense Daniel Kovalik, para prestar servicios jurídicos relacionados con sanciones internacionales. La entidad aclaró que este acuerdo no busca la defensa personal del presidente Gustavo Petro, incluido en la Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desde el 24 de octubre de 2025, sino fortalecer la capacidad del Estado colombiano para gestionar riesgos financieros globales. El comunicado oficial, compartido por el propio mandatario, responde a la controversia generada y a la indagación preliminar ordenada por el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach.
El contrato establece pagos en cuatro cuotas iguales de 500.000 libras esterlinas mensuales entre enero y abril de este año, justificado por la inexistencia de una oferta nacional equivalente y respaldado por la autorización jurídica colombiana. Críticos opositores han cuestionado el gasto, interpretándolo como un mecanismo para blindar personalmente a Petro ante las sanciones de la OFAC, que son decisiones administrativas financieras y no penales. Sin embargo, el Dapre enfatizó que se trata de una práctica institucional histórica, iniciada en 1938 y utilizada de manera regular y transparente por distintos gobiernos y entidades del Estado colombiano.
Práctica histórica en defensa del Estado
Registros oficiales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y archivos internos del Dapre confirman que presidentes como Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque Márquez recurrieron a firmas especializadas en ese país para manejar similares situaciones. Daniel Kovalik, quien previamente anunció su disposición a defender pro bono al presidente Petro, encabeza Amadeus Consultancy Limited, cuya contratación se enmarca en este antecedente de más de ocho décadas.
«Los registros oficiales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como los archivos institucionales del Dapre, evidencian que desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en los Estados Unidos, a través de distintos gobiernos y entidades».
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)
La Procuraduría General de la Nación inició una indagación preliminar para identificar a los responsables del contrato, en medio de las críticas que ven en él un uso indebido de recursos públicos. El Dapre insistió en que el objetivo es analizar, anticipar y gestionar riesgos de regímenes internacionales de sanciones, cuyos efectos podrían impactar gravemente al país en su conjunto.
«No tiene como objeto la defensa personal del presidente ni de ningún funcionario o particular, sino el fortalecimiento de la capacidad del Estado para analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos podrían impactar de manera grave y transversal al país en su conjunto».
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)
En un cierre contundente, la Presidencia subrayó la obligación ineludible de proteger al país frente a amenazas internacionales, más allá de opciones políticas. «Proteger al país frente a riesgos internacionales no es una opción política, sino un deber ineludible de la administración pública», concluyó el comunicado, reafirmando la transparencia y legalidad de la medida en un contexto de tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos.
«Proteger al país frente a riesgos internacionales no es una opción política, sino un deber ineludible de la administración pública».
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)
