En una movida que coincide con la inminente aplicación de la Ley de Garantías de cara a las elecciones de 2026, al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) fueron declarados insubsistentes en sus cargos durante la noche del lunes 26 de enero. Los ceses iniciaron alrededor de las 5:00 p.m., cuando los afectados fueron citados individualmente en las instalaciones del Dapre y la Secretaría General de la Presidencia, donde se les comunicó la determinación. Entre los destituidos destacan figuras como Luz Dary Cruz, jefa de recursos humanos con más de 25 años de trayectoria en la Casa de Nariño y en etapa previa a su pensión, y Yury Carolina Calderón, jefa de prensa del ente.
La decisión, impulsada bajo la dirección de Nhora Mondragón, quien asumió como directora del Dapre hace apenas tres días tras la renuncia de Angie Rodríguez —quinta en la lista que incluye a Mauricio Lizcano, Laura Sarabia, Jorge Rojas y la mencionada Rodríguez—, se enmarca en la aplicación progresiva de la Ley de Garantías, que busca preservar la equidad en los comicios venideros. Esta norma ya restringió convenios desde el 8 de noviembre y prohibirá la contratación directa a partir del 31 de enero, en vísperas de las elecciones al Congreso el 8 de marzo de 2026, la primera vuelta presidencial el 31 de mayo y la segunda el 21 de junio. Versiones internas del Dapre apuntan a que los despidos responden también a la generación de cupos para personal afín a la campaña del presidente Gustavo Petro, quien ha respaldado públicamente al senador Iván Cepeda.
Cambios en cargos de libre nombramiento y remoción
Los funcionarios afectados ocupaban posiciones de libre nombramiento y remoción, lo que facilita este tipo de determinaciones administrativas rápidas. El presidente Petro, al mando del Ejecutivo, supervisa estas transiciones en un Dapre que ha visto rotación constante en su dirección, ahora bajo Mondragón, en un contexto de preparación electoral donde la neutralidad pública es clave para evitar influencias indebidas en los procesos democráticos.
Estos ceses masivos marcan un punto de inflexión en la estructura del Dapre, alineándose con las exigencias de la Ley de Garantías para garantizar un terreno parejo en las urnas de 2026, aunque generan interrogantes sobre la estabilidad interna del gobierno y las estrategias políticas en curso.
