En la noche del 26 de enero, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), ubicado en la Casa de Nariño, vivió una serie de insubsistencias en cargos de libre nombramiento y remoción, destacando la salida de Luz Dary Cruz, exdirectora de Talento Humano, junto a figuras como Yury Carolina Calderón, exjefa de prensa, Alexis Mahecha, exsubdirector, y Hasbleidy Fajardo, asesora y familiar de la exdirectora Angie Rodríguez. Estas remociones coinciden con la llegada de Nhora Mondragón como nueva directora del Dapre y se enmarcan en el contexto de la Ley de Garantías preelectoral, que limita las contrataciones públicas en este período.
Funcionarios del Dapre han expresado una percepción de «justicia divina» ante estos cambios, que afectan al menos a 30 personas en esa entidad, mientras que en el Ministerio de Relaciones Exteriores se reportan al menos 130 servidores públicos impactados. Las salidas, reportadas por medios como Semana y Caracol Radio, forman parte de una ola reciente de insubsistencias en cargos directivos y de coordinación, reavivando el debate sobre los procedimientos de despido en el sector público.
Denuncias y tensiones durante gestiones anteriores
Durante la gestión de Angie Rodríguez como directora y Luz Dary Cruz en Talento Humano, exfuncionarios denunciaron despidos sin procesos de transición adecuados, casos de maltrato laboral y desalojos abruptos que involucraron grabaciones y escoltas para ejecutar las remociones. Estas prácticas han llevado a que varios de los afectados presenten denuncias formales y demandas judiciales contra el Dapre, lo que añade un trasfondo de controversia a los recientes movimientos internos.
“justicia divina”
Funcionarios y fuentes internas del Dapre
La coincidencia de estas insubsistencias con la aplicación de la Ley de Garantías, que busca regular las acciones administrativas previas a los comicios, subraya las tensiones en el manejo de personal en entidades clave del gobierno. Mientras Nhora Mondragón asume el liderazgo, el Dapre enfrenta el escrutinio público por estas decisiones, que podrían marcar un punto de inflexión en su estructura operativa y en la percepción de equidad laboral dentro de la administración presidencial.
