El representante a la Cámara por el Centro Democrático, David Cote, denunció que funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) habrían participado en las marchas convocadas por el expresidente Gustavo Petro el pasado 14 de octubre, presuntamente utilizando horario laboral y listas de asistencia. Cote calificó estos hechos como un uso partidista de la entidad, al señalar que la institución “se debe a los niños, no a los intereses de la oposición”. La denuncia, difundida a través de redes sociales, incluye un video en el que se observa a funcionarios saliendo de las instalaciones del Icbf con prendas distintivas del instituto y portando listas de asistencia, lo que, según el congresista, evidencia una instrumentalización de los recursos públicos para fines políticos.
Julián Zamudio, militante del Movimiento de Salvación Nacional, también se pronunció al respecto, afirmando en redes sociales que los funcionarios fueron “obligados a marchar por sindicalistas corruptos bajo la amenaza de firmar una lista de asistencia obligatoria para justificar su movilización”. Zamudio agregó que existen denuncias ciudadanas sobre un bono de 20 mil pesos ofrecido a cambio de la asistencia a la marcha. “Grave corrupción”, escribió en su cuenta personal. Paralelamente, la líder política de izquierda Clara López Obregón confirmó su participación en la movilización y publicó una fotografía junto a trabajadoras del Icbf, acompañada del mensaje: “Ya marchando con trabajadoras del Icbf por las niñas y las familias y la soberanía de Colombia”.
Contexto de las denuncias y reacciones institucionales
Las marchas del 14 de octubre fueron convocadas por el expresidente Gustavo Petro y calificadas por David Cote como “partidistas”. En su denuncia, el representante etiquetó a la Procuraduría General de la Nación, solicitando una investigación por el eventual uso de tiempo de trabajo y recursos públicos en actividades políticas. “Presuntamente los reductos del gobierno anterior siguen usando la entidad de la niñez como su fortín político personal”, declaró Cote, quien insistió en que el Icbf debe centrarse en la protección integral de la niñez y no en intereses partidistas. La controversia se da en medio de una situación laboral compleja en la entidad, donde funcionarios del Icbf en Soacha mantenían una asamblea permanente y no asistieron a una mesa de diálogo convocada el 13 de octubre para resolver un cese de vías de hecho, en disputa por la implementación de la Resolución 450 sobre turnos laborales.
“Presuntamente los reductos del gobierno anterior siguen usando la entidad de la niñez como su fortín político personal”
David Cote, representante a la Cámara por el Centro Democrático
“Grave corrupción”
Julián Zamudio, militante del Movimiento de Salvación Nacional
Por su parte, la Dirección Regional del Icbf en Cundinamarca, a través de su directora encargada Ana Liliana Camargo Mantilla, informó que mediante la Resolución 488 del 8 de octubre se suspendieron temporalmente los artículos 1 y 2 de la Resolución 450, emitida el 22 de septiembre de 2023, con el fin de recibir propuestas sobre el modelo de turnos. Los trabajadores de los centros zonales de Soacha han solicitado una mesa de diálogo con participación de la sede nacional, la regional y los centros para construir una propuesta que considere tanto las necesidades del servicio como las condiciones laborales. La denuncia de David Cote abre un nuevo frente de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en actividades políticas, mientras la Procuraduría deberá determinar si existió alguna irregularidad en la participación de funcionarios del Icbf durante la jornada de movilización.
