José David Castellanos, investigador en gestión pública y candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del Nuevo Liberalismo, ha revelado en su más reciente análisis un significativo aumento en los contratos de prestación de servicios en los ministerios nacionales durante el gobierno de Gustavo Petro. Según su estudio, basado en el examen de más de 105.000 contratos registrados en las plataformas Secop I y II, el número de estos contratos pasó de 11.851 en 2022 a 18.685 en 2025, lo que representa un incremento de casi 7.000 acuerdos, mientras que su valor total escaló de 12,1 billones de pesos a 19,3 billones, sumando 7,2 billones adicionales.
Este crecimiento se observa de manera particularmente pronunciada en entidades como el Ministerio de Cultura, donde los contratos aumentaron en un 1.985 por ciento, y el Ministerio de Trabajo, destacándose también por su expansión. Además, la duración de los contratos superiores a nueve meses disminuyó del 45 por ciento en el gobierno de Iván Duque al 34,5 por ciento bajo la actual administración, lo que evidencia un mayor uso de contratos de corta duración y una rotación de personal. Estos 7,2 billones extras equivalen a casi la mitad de los 16 billones propuestos en la reforma tributaria, en un contexto de déficit fiscal cercano al 7 por ciento del PIB y creciente endeudamiento público.
Contrario a las promesas de austeridad del Pacto Histórico
El análisis de Castellanos genera un amplio debate sobre la austeridad y la transparencia en el gasto público, ya que contrasta con las promesas del Pacto Histórico de acabar con la nómina paralela durante la campaña presidencial. Los contratos se han otorgado tanto a personas naturales como a empresas contratistas, lo que cuestiona los esfuerzos por reducir el gasto en «corbatas y oficinas» en medio de las dificultades presupuestales que enfrenta el país.
“Mientras usted sufre para que la plata le alcance, el gobierno de Gustavo Petro montó una feria de contratos que está desangrando al país. Pasamos de gastar 12,1 billones de pesos en 2022 a 19,3 billones en 2025. Son 7,2 billones de pesos adicionales en corbatas y oficinas, justo lo que dicen que les falta en el presupuesto”
José David Castellanos, investigador en gestión pública
Esta investigación pone en el centro del debate público el impacto de estos contratos en el presupuesto nacional, exacerbando las presiones fiscales y cuestionando la efectividad de las medidas de contención del gasto en un momento clave para la estabilidad económica del país.
