El debate público sobre las operaciones militares contra las disidencias de las FARC y la presencia de menores en ataques que dejaron 15 muertos se convirtió en el eje de una discusión que se mantiene en Colombia en las últimas horas. Humberto de la Calle, excandidato presidencial, cuestionó la politiquería alrededor del tema, mientras el presidente Gustavo Petro defendió la continuidad de los bombardeos y de otras acciones ofensivas ordenadas por el gobierno.
La conversación giró en torno al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario y a los posibles efectos en el reclutamiento de menores. De la Calle afirmó que suspender acciones ante la supuesta presencia de menores podría disparar el reclutamiento y criticó a quienes, según él, se pliegan a la narrativa de la oposición cuando cambia el panorama político. En contraste, Petro sostuvo que la suspensión podría dejar desprotegidos a los cabecillas y recordó que, según él, quedaron 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva y que 20 soldados jóvenes fueron emboscados, ejemplos que, aseguró, demuestran el costo humano de la estrategia.
El caso reactivó un debate más amplio sobre el cumplimiento del DIH en operaciones aéreas que podrían involucrar a menores, con énfasis en principios de distinción, proporcionalidad y precaución. El CICR ha reiterado que los Estados deben adoptar medidas reforzadas cuando hay riesgo de que niños estén vinculados a grupos armados. En Colombia, la Defensoría del Pueblo ha pedido revisar protocolos operacionales para asegurar que las acciones militares cumplan estándares internacionales. Los antecedentes señalan presión de organismos de control y sectores sociales para evaluar límites y salvaguardas en operaciones contra disidencias de la extinta Farc. Las implicaciones incluyen posibles revisiones de procedimientos, tensiones políticas y posibles impactos en el reclutamiento de menores.
Entre los datos secundarios, Iris Marín, Defensora del Pueblo, pidió suspender bombardeos en los que pudiera haber presencia de menores. Las respuestas públicas se registraron en las redes, con pronunciamientos de Humberto de la Calle y del presidente Petro, ambos en la plataforma X, lo que evidencia un episodio intenso de confrontación entre autoridad moral y política.
«Bombardeo con menores. El gran problema es que si la presunta presencia de menores conduce a la suspensión de la acción militar, el reclutamiento se dispara. Es peor el remedio que la enfermedad. Que la sociedad se divida en torno a este tema, es un buen síntoma. Muestra una comunidad deliberante. Lo grave es el cruce de cables: los defensores del bombardeo bajo Duque, ahora atacan al gobierno. Y el entorno petrista llega hasta la alucinante afirmación de q si Petro bombardea, es culpa de la derecha» – Humberto de la Calle
«Claro que es lamentable toda muerte de personas y más de menores de edad. Pero sí dejó avanzar los 150 hombres de Iván Mordisco que iban por la selva, entonces emboscan 20 soldados jóvenes que estaban al frente a pocos kilómetros. Quizás hoy la crítica que me harían es porque dejé emboscar a los soldados», señaló el presidente – Gustavo Petro
El desarrollo de los hechos ha puesto sobre la mesa que se podrían revisar procedimientos operacionales y que existen tensiones políticas con posibles impactos en el reclutamiento de menores, en medio de llamados de organismos de control y la sociedad civil por salvaguardas más estrictas. En este marco, el caso también ha puesto a prueba la respuesta institucional frente a la necesidad de proteger a los menores sin detener las acciones necesarias para enfrentar a las disidencias, en un contexto nacional que continúa evaluando el alcance de sus responsabilidades en el marco del Derecho Internacional Humanitario.
