El abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella arremetió contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico por la liberación de alias Calarcá, Érika, alias Ramiro, Urías Perdón y otros disidentes de las Farc, capturados en julio de 2024 durante la interceptación de una caravana en un retén militar en Anorí, Antioquia. Según un informe revelador de Noticias Caracol, la Fuerza Pública detuvo a siete jefes de disidencias en flagrancia, incautando armas, dinero en efectivo y equipos electrónicos, pero la Fiscal General Luz Adriana Camargo ordenó su libertad argumentando que actuaban como «gestores de paz», pese a la evidencia en su contra.
La caravana, que incluía la presencia de un menor de edad, estaba escoltada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) con vehículos blindados financiados por los contribuyentes colombianos, lo que ha desatado un escándalo por presunto entramado de corrupción. De la Espriella hizo su pronunciamiento en la red social X, denunciando que los delincuentes se mueven con total impunidad bajo la protección del Estado, en un contexto de crecientes cuestionamientos al manejo de la seguridad y la paz total impulsada por el gobierno.
Comunicaciones comprometedores y falta de diligencias
El informe de Noticias Caracol detalla que los dispositivos electrónicos decomisados registraron comunicaciones entre los disidentes e Iván Mordisco, líder del Estado Mayor Central de las Farc disidentes, donde se menciona a la vicepresidenta Francia Márquez como presunta intermediaria entre el grupo armado y la campaña presidencial de Gustavo Petro. Estos equipos quedaron bajo custodia de la Fiscalía sin que se realizaran diligencias judiciales adecuadas, lo que ha generado reacciones ante la difusión de supuestos expedientes secretos y ha intensificado las críticas al pacto de paz con las disidencias.
“Desde hace varios años he venido denunciando lo que hoy devela Noticias Caracol”
Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato presidencial
“Los delincuentes se mueven a sus anchas, incluso escoltados por el mismo Estado, en los carros blindados que pagamos todos los colombianos”
Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato presidencial
Este episodio expone las tensiones en la política de paz total del gobierno Petro, donde la designación de disidentes como «gestores de paz» choca con acciones flagrantes de narcotráfico y crimen organizado, dejando en evidencia posibles fallas institucionales y alimentando el debate nacional sobre la seguridad en regiones como Antioquia.
