El gobierno entrante de Abelardo De La Espriella enfrentará desde el 7 de agosto de 2026 la tarea de defender y, si es posible, modificar el Presupuesto General de 2027 que será presentado por la administración saliente de Gustavo Petro entre el 20 y el 29 de julio. La transmisión de mando ocurre en medio de un estrecho margen fiscal y un ambicioso plan de austeridad de 70 billones de pesos anunciado por el presidente electo, quien ha conformado un equipo económico liderado por José Manuel Restrepo para encarar el reto. El proyecto, cuyo anteproyecto asciende a 597 billones de pesos, deberá sortear la discusión en las comisiones económicas del Congreso, donde se anticipan ajustes tanto al monto total como a la distribución sectorial, en un contexto de cuentas públicas tensionadas por un déficit fiscal proyectado del 5,3% al cierre de 2026 y una meta de reducción al 4,5% para el año siguiente.
La principal dificultad radica en que cerca del 90% del presupuesto es inflexible, según ha señalado la revista Semana, lo que limita la capacidad de reorientar el gasto. A esto se suma la necesidad de un ajuste fiscal significativo: el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), a través de su director técnico Juan Sebastián Betancur, estima que se requieren medidas por aproximadamente 100 billones de pesos, equivalentes a cinco puntos del PIB, para evitar un comportamiento explosivo de la deuda pública. Betancur explicó que el Carf evalúa el tamaño del ajuste necesario para estabilizar las finanzas y prevenir un evento grave de estrés financiero, y concluye que las acciones sobre ingresos y gastos deben alcanzar ese orden de magnitud. De manera paralela, el propio plan de austeridad de De La Espriella propone un recorte de 70 billones, mientras que el ajuste técnico calculado por el Carf se sitúa en cerca de 80 billones para cumplir con la meta fiscal.
La herencia fiscal y el debate en el Congreso
El presupuesto de 2027 será elaborado por el gobierno de Gustavo Petro, pero la defensa recaerá en la nueva administración a partir del 7 de agosto. Esta transición con cambio de rumbo económico implica que el presidente electo deberá asumir un proyecto que no diseñó, aunque tendrá la posibilidad de impulsar modificaciones durante el trámite legislativo. El representante Óscar Darío Pérez advirtió que el nuevo gobierno no podría simplemente retirar el proyecto, por lo que la discusión se centrará en las comisiones económicas del Congreso. Allí se debatirá tanto el monto total como la distribución por sectores, en medio de un escenario donde la credibilidad del presupuesto depende, además, de una reforma tributaria que, según analistas, tiene un alto riesgo de ejecución y apunta a simplificar el sistema sin aumentar impuestos, lo que limita los recursos frescos a corto plazo.
El viceministro de Hacienda, Leonardo Pazos, señaló que la eficiencia del gasto está limitada por normas que atan a intermediaciones, y puso como ejemplo un acueducto construido donde no hay agua potable o los costos adicionales de vigilancia derivados de enfrentamientos en partidos de fútbol. “Usamos un enfoque de resultados para priorizar el gasto y las entidades terminan ajustándose a ese criterio, sin tener en cuenta otros, lo que conduce a que no siempre se llegue a soluciones reales”, afirmó Pazos, evidenciando las rigideces estructurales del sistema.
«Lo que evaluamos en el Carf es cuál debe ser el tamaño del ajuste para estabilizar las finanzas públicas y evitar un evento grave de estrés financiero. De acuerdo con nuestro análisis es necesario adoptar medidas en ingresos y gastos por alrededor de 5 puntos del PIB (cerca de $100 billones) para evitar un comportamiento explosivo de la deuda pública».
Juan Sebastián Betancur, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf)
Austeridad, reforma tributaria y el rol de los hidrocarburos
El plan de austeridad anunciado por De La Espriella incluye recortes y posibles cambios normativos, aunque las reformas de calidad del gasto suelen tardar en dar resultados. La propuesta de reforma tributaria, por su parte, contempla la eliminación del impuesto del 4×1000, que en 2025 recaudó 16,3 billones de pesos, así como la reducción de cargas para empresas que generen empleo formal, la digitalización tributaria, la ampliación de la base y la eliminación de exenciones ineficientes. Sin embargo, al no prever un aumento de impuestos, las posibilidades de obtener recursos adicionales a corto plazo son limitadas, lo que añade presión sobre el ajuste del gasto.
En el frente de crecimiento, el nuevo gobierno ha fijado una meta ambiciosa de entre el 5% y el 7%, impulsada por el sector de hidrocarburos, incluido el fracking. No obstante, el jefe de BTG Pactual, Munir Jalil, advirtió que el impacto del fracking debe leerse como un estabilizador de producción de mediano plazo y no como un choque inmediato de crecimiento. La dependencia de este recurso para dinamizar la economía añade incertidumbre al cumplimiento de las metas fiscales, en un contexto donde la deuda pública requiere medidas por unos 100 billones de pesos para evitar una trayectoria explosiva, según el Carf. Mientras tanto, el Congreso se prepara para recibir un presupuesto que, con 124,5 billones destinados al pago de deuda y 170.000 contratos de prestación de servicios registrados en mayo de 2026, refleja la complejidad de las finanzas públicas colombianas en este momento de transición.
