La firma de abogados De la Espriella Lawyers emitió una alerta pública el pasado 19 de agosto ante el uso no autorizado de su nombre, marca e identidad corporativa por parte de terceros que se estarían atribuyendo representaciones y actuaciones jurídicas sin ningún tipo de autorización. A través de sus canales oficiales, el bufete señaló que ha detectado casos en los que personas ajenas a la organización utilizan los elementos de su identidad institucional para presentarse como representantes legítimos, lo que podría generar confusión entre clientes y la ciudadanía en general.
La advertencia se produce en medio de un contexto político que ha puesto a la firma en el centro de la atención pública, debido a la llegada de varios de sus antiguos integrantes a posiciones de alto nivel en el Gobierno Nacional. Precisamente un día antes de este comunicado, el 18 de agosto, se oficializó el nombramiento de Rosalín Orozco como subdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), sumándose así a un grupo de al menos cinco exabogados o exempleados del bufete que hoy ocupan cargos en la administración de Gustavo Petro. Este grupo incluye a Andrés Barreto como secretario jurídico de la Presidencia, Julia Eva Pretelt como superintendente de Sociedades, Jensy Johana Osorio al frente de la Unidad para las Víctimas y Diana Patricia Bravo en la presidencia de la SAE.
Protección de la reputación frente a usos indebidos
En su comunicado, la firma, que asegura haber construido su reputación y buen nombre durante más de dos décadas, no se limitó a hacer una simple denuncia. De la Espriella Lawyers fue tajante al afirmar que el uso indebido de su nombre y marca por parte de terceros «podrá dar lugar al ejercicio de las acciones legales civiles, penales o administrativas que resulten procedentes». La advertencia busca proteger sus derechos legales y su imagen institucional, especialmente en un momento donde su nombre resuena con fuerza en los pasillos del poder.
«Terceros están utilizando de manera indebida el nombre, la marca y la identidad corporativa de la Firma para atribuirse representaciones o actuaciones que no han sido autorizadas»
De la Espriella Lawyers, Comunicado oficial
El caso de Rosalín Orozco, la más reciente designada de este círculo, ilustra los intrincados vínculos que existen entre los exmiembros del bufete. Orozco es abogada y especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia, oriunda de Villanueva, La Guajira, con una trayectoria que incluye la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación. Su nombre también aparece como gerente suplente de HI & CO Advisor Investment SAS, una empresa fundada por Hollman Ibáñez Parra, quien no solo es exabogado de la firma y conjuez del Consejo Nacional Electoral, sino que también fue pareja de Orozco. De hecho, Abelardo de la Espriella, fundador del bufete, es padrino del hijo de la expareja. En 2015, Orozco fungió como portavoz de esa sociedad en una denuncia sobre presuntas irregularidades en jurados de votación durante elecciones territoriales, y entre 2019 y 2021, documentos judiciales la ubican como integrante de De la Espriella Lawyers, con dirección de notificación en la misma sede de la firma en Bogotá.
La trama de relaciones se profundiza aún más. En julio de 2021, Hollman Ibáñez aparecía en un video corporativo de la firma como director del Departamento de Derecho Electoral, donde mencionaba la defensa de la investidura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mostrando las distintas facetas y el peso político que ha tenido el bufete en los últimos años. Ante este panorama de múltiples conexiones entre el ámbito jurídico y el político, la advertencia de De la Espriella Lawyers busca trazar una línea clara: la firma, como institución, no respalda ni autoriza las actuaciones que individuos no vinculados formalmente puedan estar realizando bajo su nombre, reservándose todas las herramientas legales para perseguir estas suplantaciones.
