En su primer encuentro oficial como jefe de Estado, el presidente Abelardo De La Espriella y la fiscal general Luz Adriana Camargo acordaron este viernes 13 de agosto impulsar reformas profundas al sistema penal colombiano, entre ellas la eliminación de la imputación de cargos, en medio de la emergencia por el terremoto del 10 de agosto que dejó al menos cinco sedes de la Fiscalía inaccesibles en Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle. La reunión, realizada en el Palacio de San Carlos —donde De La Espriella ha instalado su despacho rompiendo una tradición de más de cuatro décadas—, contó con la participación del ministro de Justicia, Iván Cancino, y del vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero, y se dio en el sexto día de la administración del mandatario.
La congestión judicial, que según la Corporación Excelencia a la Justicia supera el 50 %, y los daños operativos causados por el sismo del 10 de agosto, que dejó lesiones leves a funcionarios y varias sedes del ente acusador fuera de servicio, fueron los detonantes de la agenda trazada. De La Espriella, quien ha buscado distanciarse de la relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía durante la administración anterior, calificó el encuentro como «muy fructífero» y aseguró que «este será un Gobierno que trabajará de la mano con la Fiscalía, respetando su independencia, para combatir con firmeza el crimen y la impunidad. ¡Firme por la Patria!», escribió en sus redes sociales. Por su parte, Camargo agradeció el interés del presidente por discutir los principales desafíos de la política criminal «en un marco de pleno respeto por la autonomía y la independencia».
Eliminación de la imputación: una reforma clave
Uno de los puntos centrales del acuerdo fue la eliminación de la imputación de cargos, una figura que actualmente sirve para calcular la prescripción de los delitos. Semanas antes, en un evento en Barranquilla, Camargo había calificado esta idea como «interesante», y ahora, durante la reunión, dio su aval inicial para que el Gobierno y el Ministerio de Justicia impulsen los proyectos legislativos necesarios. La alternativa, explicaron fuentes oficiales, sería reemplazar la imputación por otro mecanismo de vinculación formal viable, lo que requeriría una reforma al Código Penal. Además, se exploró reforzar la Unidad de Intervención Temprana de la Fiscalía para filtrar denuncias sin sustento y ampliar las capacidades de policía judicial, así como el estado de la Jurisdicción de Justicia y Paz, con el objetivo de acelerar procesos pendientes mediante nuevos proyectos legislativos.
El Gobierno ya entregó un mapeo de apoyo interseccional para los procesos en los cinco departamentos afectados por el sismo —Caldas, Chocó, Quindío, Risaralda y Valle—, donde la Fiscalía ha visto comprometida su capacidad operativa. A Camargo, quien fuera designada por el Congreso en pleno, le restan dos años en el cargo, y este acuerdo marca el inicio de una relación que el presidente busca cimentar sobre el respeto a la independencia judicial. «Este primer encuentro es una señal de cómo queremos construir el futuro: con diálogo, autonomía y firmeza contra la impunidad», concluyó De La Espriella.
