Lo más doloroso es ver cómo nuestra seguridad se ha degradado hasta convertirse en un simple eslogan de campaña o en una herramienta para hacer oposición al alcalde de turno
Por SAMUEL SALAZAR NIETO
Caminar de la mano con alguien por Bogotá debería ser, en teoría, un acto de amor o de simple compañía. Sin embargo, para quienes habitamos en la ciudad y la consideramos como nuestra, es un recuerdo que a veces viene manchado por el frío de un cuchillo en la espalda. Lo viví siendo un estudiante universitario cuando fui víctima del primer atraco en la calle 100 con avenida 68; en ese entonces había más potreros que edificios en ese sector del barrio La Floresta, pero el miedo ya era el mismo de hoy.
Diez años después, el escenario cambió a un almacén en Chapinero, donde el arma no fue el acero, sino la escopolamina y cuando la compañía de un familiar con la que no contaban los delincuentes frustró sus intenciones. Luego vino un paseo millonario en 2004 después de abordar un taxi en el centro de la ciudad que me dejó sin el sueldo del mes que me acababan de consignar, y más recientemente, el impacto seco de una varilla en la pierna para arrebatarme un celular a dos cuadras del apartamento donde resido.
Mi historia no es extraordinaria; es, tristemente, la biografía estándar, no sé si de todos, pero sí de muchos bogotanos que directa o indirectamente somos impactados por este delito a diario. Casi nadie que viva en la capital puede decir que no tiene una anécdota relacionada con la inseguridad. Es un mal que ha echado raíces, convirtiendo a cada ciudadano en una víctima en potencia de los amigos de lo ajeno. Pero lo más alarmante no es el robo y la delincuencia en general, sino la aterradora vigencia de un sistema que parece diseñado para la impunidad.
Las cifras lo confirman: en Bogotá, nueve personas son víctimas de robo cada hora y 71 celulares son hurtados por día. Solo el año pasado se registraron más de 123.000 hurtos a personas, además de decenas de miles de casos de violencia intrafamiliar, lesiones personales, extorsiones y delitos informáticos, junto con mas de 1.170 mil homicidios. No son solo números: son la evidencia de una ciudad donde el delito se volvió paisaje.
El panorama se vuelve aún más sombrío cuando pasamos de la vivencia personal a la aritmética del abandono. Bogotá, una metrópoli que no se detiene, se enfrenta a una realidad numérica asfixiante: apenas cuenta con una tasa de 200 policías por cada 100.000 habitantes. Es una cifra que condena a la Fuerza Pública a la reacción tardía y al ciudadano a la intemperie. Sin uniformados suficientes en las calles, el delincuente no solo se siente libre, sino dueño del territorio.
Y cuando hay captura, el sistema tampoco responde. La última política seria de construcción y ampliación de cárceles en el país data del gobierno del presidente Andrés Pastrana, en el que se construyeron 14 cárceles por todo el país, la gran mayoría de mediana y alta seguridad. Desde entonces, el hacinamiento y la falta de centros de reclusión locales terminaron convirtiendo las Estaciones de Policía y las URI (Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía) en cárceles improvisadas, llevando además a sacar de las calles a los agentes que deberían estar patrullando, para que cumplan funciones de carceleros. Los presos sólo demandan gastos que a nadie interesan y además no votan, algo que tienen muy claro los políticos, que a lo único que le apuntan cuando se trata de hacerle frente a la asfixiante presencia de un flagelo, es a aumentar las penas, cuando ni siquiera hay donde mantener a los delincuentes presos.
Pero el problema no es solo de falta de pié de fuerza y de ladrillos y cemento; el cáncer estructural de la corrupción en la administración carcelaria del pais es tan endémico como el mismo hurto. Cada centro penitenciario es territorio sin ley, un nido de avispas que, por conveniencia o por un miedo justificado, nadie se atreve a intervenir, porque cuando alguien lo intenta entra a formar parte de otra estadística: la de directores de cárceles o miembros del INPEC asesinados.
Entonces sin una infraestructura que respalde la captura, el ciclo de la seguridad se rompe, porque no hay programa serio de reclusión que no sea simplemente apagar incendios en centros de detención transitorios. Si el déficit de policías, el olvido carcelario y la corrupción son graves, el colapso del sistema en los estrados judiciales es la estocada final a la confianza ciudadana. Es aquí donde la seguridad de ciudades como Bogotá se rompe definitivamente. No es extraño ver en los noticieros capturas de delincuentes con 10, 15 o hasta 20 anotaciones judiciales, sujetos que han hecho del hurto y el atraco una carrera profesional protegida por la impunidad.
Lo más doloroso de este inventario de cicatrices es ver cómo nuestra seguridad se ha degradado hasta convertirse en un simple eslogan de campaña o en una herramienta para hacer oposición al alcalde de turno. Para la clase política, el miedo ciudadano es un activo rentable, pero nadie plantea salidas que realmente favorezcan al habitante de a pie. Basta ver a los candidatos presidenciales de hoy, enfrascados en discursos de insulto y de odio, pero ninguno planteándole al país una política criminal seria para combatir la delincuencia común, esa que nos afecta a diario.
Mientras la política siga priorizando el agravio sobre la estrategia la ciudad sigue su curso. Y nosotros también. Caminamos, trabajamos, vivimos… pero ya no lo hacemos igual. En Bogotá, incluso los gestos más simples están atravesados por una sombra persistente.
Porque aquí, caminar de la mano ya no es solo compañía: es aprender a convivir con el miedo, esperando que la próxima historia no sea la última.
sos/
