En la Comisión Séptima del Senado se desató este semana un rifirrafe entre Fabián Díaz Plata, senador, y Miguel Ángel Pinto, presidente de la misma comisión, por el congelamiento del Proyecto de Ley 410 de reforma a la salud. El proyecto, radicado en marzo de 2025, lleva seis meses en la Comisión Séptima y se encuentra en penúltimo debate. Díaz Plata anunció que presentará una tutela ante la Corte Suprema de Justicia y sostuvo que, de no discutirse un proyecto que ha estado esperando su votación, podrían proceder denuncias ante la Corte; Pinto, por su parte, defendió que es razonable esperar los treinta días del mensaje de urgencia y que, mientras tanto, pueden abordar otros temas sin perder su función legislativa.
La pelea contada en voz alta en Bogotá forma parte de un contexto de fuerte polarización y estancamiento alrededor de una reforma estructural al sistema de salud, que ya enfrentó oposición de varios sectores y que fue archivada en una versión anterior por la misma comisión el año pasado. En lo que va de 2025, la discusión ha estado marcada por discrepancias sobre la financiación y el aval fiscal, mientras que el Gobierno asegura que la reforma cuenta con respaldo fiscal. En cifras, hasta mayo de 2025 se registraban 125.000 tutelas relacionadas con el servicio de salud, un incremento del 15% frente a 2024. En el marco de críticas a la financiación, la diputada Nadia Blel, del Conservador, afirmó que los ministerios no han precisado las fuentes de financiación de la reforma.
La tensión en la Comisión Séptima refleja el estancamiento de la reforma a la salud
El debate también gira en torno al mecanismo de la “mensaje de urgencia”, una herramienta ejecutiva para acelerar trámites prioritarios. El ministro del Interior, Armando Benedetti, firmó dicho mensaje en octubre, pero su implementación y alcance siguen siendo objeto de análisis y discusión en la arena parlamentaria. En paralelo, el Ministerio de Salud, encabezado por Guillermo Alfonso Jaramillo, aparece como figura central en el contexto de acciones legales contra senadores que bloquean la reforma, según la cobertura disponible.
«Todo aquel que participe en la votación… ya tengo lista la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia por prevaricato. Aquí estarían irrespetando la ley y no puede ser posible que lleguemos a este extremo por no querer discutir un proyecto de ley que ha estado esperando su votación», afirmó Díaz. — Fabián Díaz Plata, senador
«Podemos esperar los treinta días del mensaje de urgencia, podemos continuar después, y mientras tanto abordar otros temas sin perder nuestra función legislativa», explicó el senador Miguel Ángel Pinto. — Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión Séptima
En resumen, la disputa no solo retrasa la discusión de la reforma de fondo, sino que podría acrecentar las tensiones políticas y, con ello, el número de tutelas y demandas ciudadanas por acceso a servicios de salud. El Gobierno mantiene que la reforma cuenta con aval fiscal, pero persisten cuestionamientos sobre la viabilidad económica y las fuentes de financiación. El conflicto pone en juego la agenda legislativa y subraya la fragilidad de un proceso que ha estado marcado por la fragmentación política y la presión social para resolver de una vez el camino hacia una reforma estructural del sistema de salud.
