El Ministerio de Minas y Energía de Colombia expidió el pasado 21 de enero de 2026 el Decreto 0044, que impone cargas financieras homogéneas a los generadores de energía del sistema eléctrico nacional con el fin de respaldar a las comercializadoras en crisis durante la emergencia eléctrica. Esta medida establece obligaciones de aportes solidarios de energía y un gravamen parafiscal, reasignando recursos de los generadores con resultados positivos hacia las comercializadoras afectadas por desbalances financieros causados por altas pérdidas técnicas y no técnicas, bajos niveles de recaudo, rezagos en la inversión en infraestructura y una concentración elevada de usuarios vulnerables.
El Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (Ceera) ha elevado alertas sobre el impacto de esta uniformidad en las cargas, que afecta de manera desproporcionada a pequeños generadores y Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) sin capacidad de regulación hídrica. En este contexto, empresas como Air-e se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios debido a su delicada situación operativa, lo que resalta los problemas estructurales del sector eléctrico colombiano.
Preocupaciones por el futuro de las energías renovables
El Ceera advierte que esta disposición desincentiva la inversión en proyectos renovables, compromete la bancabilidad de nuevas iniciativas y eleva el riesgo regulatorio, sembrando incertidumbre en un sector clave para la transición energética del país. Aunque reconoce la complejidad coyuntural y manifiesta disposición a contribuir solidariamente, el centro enfatiza los riesgos a largo plazo de medidas pensadas solo para la coyuntura.
«Resolver la emergencia del presente no puede implicar sembrar los riesgos del futuro»
Centro de Estudios de Energía Renovable y el Agua (Ceera)
Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defiende la norma como una acción responsable para evitar un colapso sistémico que dejaría a millones de colombianos sin servicio eléctrico, atribuyendo la crisis a la inacción de gobiernos anteriores y decisiones que han asfixiado la política fiscal del sector.
«Este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo de la falta de acción de gobiernos anteriores y de decisiones que han asfixiado la política fiscal para la prestación del servicio. Actuamos para evitar un riesgo sistémico real que podría dejar a millones de colombianos sin energía si no se tomaban decisiones oportunes y responsables»
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía
La medida busca sostener la prestación del servicio y prevenir el quiebre de empresas comercializadoras, en medio de un panorama que exige soluciones estructurales para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.
