La defensa del empresario Carlos Mattos, condenado a cuatro años de prisión por salidas irregulares de la cárcel La Picota con la complicidad de guardias del Inpec, solicitó ante el Juzgado 42 de Control de Garantías de Bogotá la aprobación de un beneficio judicial basado en el principio de oportunidad. Esta medida busca suspender la acción penal por dos delitos, incluido el peculado, y así evitar su regreso a la cárcel. La audiencia está programada para el próximo 18 de febrero, donde se evaluará la entrega de dos camionetas nuevas como reparación integral a la Fiscalía y al Inpec, como manifestación de arrepentimiento y cumplimiento de las causales legales de reparación a los afectados.
La pena de cuatro años fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá en 2023. La Fiscalía ha avalado la solicitud al considerar acreditada la reparación, mientras que la Procuraduría objeta la petición argumentando incumplimiento de requisitos legales. De aprobarse el beneficio, Mattos quedaría eximido del procesamiento por esos dos cargos, en un caso que remonta a sus irregularidades durante su reclusión en La Picota, donde era conocido como exrepresentante exclusivo de Hyundai en Colombia.
Investigaciones paralelas en la JEP
Paralelamente, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) investiga a Carlos Mattos por presunta financiación de paramilitares en el Cesar, involucrando secuestros y desapariciones forzadas. En este expediente, se le vincula con Alfonso Macías y José Mattos en delitos contra líderes arhuacos en la década de 1990. Además, la JEP promueve la extinción de dominio sobre propiedades de Mattos en Valledupar y El Copey, ampliando el panorama de sus procesos judiciales.
“ha mostrado arrepentimiento, está dando la cara a la administración de justicia y tiene el propósito de acudir a este mecanismo para mostrar su arrepentimiento frente a esta conducta”
Abogada defensora de Carlos Mattos
Este nuevo capítulo en el caso de Mattos pone en el centro del debate la aplicación del principio de oportunidad en condenados de alto perfil, mientras las autoridades evalúan si las reparaciones materiales bastan para suspender procesos penales en medio de graves acusaciones históricas.
