La defensa del ciudadano estadounidense Grant Gail anunció acciones legales por falso testimonio y fraude procesal contra quienes grabaron y difundieron los videos que originaron una investigación por presunto abuso sexual en Bogotá, luego de que Gail quedara en libertad al descartarse médicamente cualquier indicio de violencia o abuso contra tres menores de edad. Los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2026 en un conjunto residencial del barrio Chicó Navarra, en la localidad de Usaquén, norte de la capital, cuando vecinos grabaron una escena en un balcón que interpretaron como sospechosa y la difundieron masivamente en redes sociales, provocando la intervención de las autoridades tras los reportes comunitarios.
Cerca de doscientas personas se congregaron en el lugar mientras la Policía de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía General, la Procuraduría y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) activaron los protocolos establecidos para presuntas vulneraciones a menores. Sin embargo, las valoraciones forenses de Medicina Legal y los testimonios de los tres hermanos no encontraron elementos para sostener la imputación inicial por acto sexual abusivo con menor de 14 años. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, confirmó que las evaluaciones preliminares descartaron violencia física, aunque aclaró que la investigación por presunto abuso sexual sigue abierta. Como consecuencia, el proceso de adopción internacional que Gail adelantaba desde hacía tres años quedó “congelado” y los menores fueron trasladados a un hogar de protección con acompañamiento psicosocial.
Indignación por la difusión masiva
El abogado defensor, Fabio Humar, evalúa si la viralización de los videos afectó el debido proceso y la presunción de inocencia de su representado. En paralelo, el presidente Gustavo Petro señaló que las imágenes iniciales “engañaron a los colombianos” y que, en realidad, el adulto auxiliaba al menor durante un episodio de atragantamiento o alteración emocional. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció sobre el caso con una reflexión sobre el impacto de la desinformación en las redes sociales.
“Esta amenaza tiene que ver con la desinformación que viaja muy rápido en las redes sociales, viaja más rápido que la verdad, que produce de alguna manera una paranoia colectiva”.
Pedro Sánchez, ministro de Defensa
El general William Rincón, director de la Policía, indicó que la actuación de los uniformados respondió estrictamente a los protocolos establecidos para casos de vulneración de derechos de menores, y defendió la intervención inicial como necesaria ante la denuncia ciudadana. No obstante, el ministro Sánchez instó a fortalecer los mecanismos de verificación antes de difundir contenido sensible que pueda derivar en linchamientos mediáticos y judiciales. La defensa de Gail, mientras tanto, anunció que procederá con las demandas correspondientes contra los responsables de grabar y propagar los videos que, según su versión, desencadenaron una persecución injusta.
