La defensa legal de la marca Lili Pink ha lanzado un contundente comunicado en el que afirma que no existen pruebas de contrabando, lo que desvirtúa la posibilidad jurídica de imputar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El anuncio, conocido en la mañana del martes 18 de agosto de 2026, se da tras un exhaustivo análisis de más de 1.500 archivos, que suman 4GB de información, entregados por la Fiscalía a los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, del bufete Riveros Bazzani. Según el equipo jurídico, la revisión de estos documentos, que incluye la respuesta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), demuestra que la mercancía ingresó por puertos autorizados, con intermediarios vigilados, y cumpliendo a cabalidad la normativa aduanera.
El comunicado de la defensa profundiza en las inconsistencias del proceso, señalando que la Dian decomisó mercancía que contaba con documentación vigente. Los abogados sostienen que la compañía ratifica que todas sus prendas tenían los papeles exigidos por la regulación, por lo que no se configura el delito de contrabando. En este contexto, la defensa fue enfática al declarar que “sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”, una afirmación que pone en tela de juicio la solidez del caso que la Fiscalía ha presentado contra ocho personas vinculadas a la empresa.
Los números del caso y la respuesta judicial
El contexto de esta controversia se remonta a las visitas que la Dian realizó a Lili Pink entre mayo y septiembre de 2023, cuando decomisó la totalidad del inventario, consistente en más de 3 millones de prendas avaluadas en 54.000 millones de pesos. La defensa denuncia que esta acción se tomó tras revisar menos del 1% de la mercancía, un hecho que califican de desproporcionado. En 2023, la compañía presentó una denuncia penal por presunto abuso de autoridad e impugnó el decomiso ante el Consejo de Estado. Además, en enero de 2026, la empresa detectó la comercialización ilegal de la mercancía decomisada e interpuso dos nuevas denuncias penales, sobre las cuales la Fiscalía no ha avanzado, según el comunicado.
Los abogados defensores también destacaron que tres jueces de control de garantías ya han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación realizados por la Fiscalía. En contraste, el ente acusador reporta cifras millonarias en su imputación: un presunto lavado de activos por más de 730.000 millones de pesos, enriquecimiento ilícito superior a 430.000 millones, aprehensiones y decomisos por más de 54.000 millones, y contrabando superior a 75.000 millones de pesos. Como parte de las medidas cautelares, se han embargado 405 locales comerciales, 40 inmuebles, 8 vehículos y una sociedad.
“La defensa será técnica, rigurosa y permanente hasta el esclarecimiento total de los hechos”
Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, Abogados defensores de Lili Pink
Los ocho imputados, entre quienes figuran Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani y Malaquilla Bismar Hernández, entre otros, no aceptaron los cargos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Dian, por su parte, respaldó el 11 de agosto de 2026 la solicitud de prisión para todos ellos, argumentando la necesidad de proteger la evidencia y contener la estructura que, según la entidad, opera con sociedades de papel en Colombia, Panamá y otros países. Mientras la Fiscalía insiste en la existencia de una red transnacional, la defensa de Lili Pink mantiene su postura de legalidad y promete llevar el caso hasta las últimas consecuencias en los estrados judiciales.
