En una audiencia virtual ante el Juzgado 22 Penal del Circuito con funciones de conocimiento, la defensa del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, junto con la de otros doce exfuncionarios y particulares como Fabio Andrés García, exsecretario general; Karen Bibiana Delgado, exsecretaria de Suministros y Servicios y de la Secretaría General; Ingrid Vanessa González; Yina Marcela Pedroza; Carlos Mario Montoya; Sergio Andrés López; Natalia Andrea Jiménez; Alethia Carolina Arango; Leidy Jiménez; Juan Diego de Jesús Moreno, representante de IDC; José Fernando Rueda, representante de Técnicas Constructivas; y Juan Manuel Villegas, socio minoritario de Aguas Vivas, solicitó la nulidad de la imputación en el caso Aguas Vivas. Esta petición, liderada por el abogado Juan Felipe Criollo, se centra en cargos por prevaricato por acción, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, y derivó en la reprogramación de las próximas audiencias para el 13 y 24 de febrero, así como el 17 y 31 de marzo de 2026, todas en media jornada.
La audiencia inicial, celebrada el viernes 21 de noviembre y que se extendió por más de dos horas dentro del límite de tres horas establecido, se enfocó exclusivamente en el trámite de la solicitud de nulidad. Las defensas argumentaron omisiones sustanciales en la descripción de los hechos jurídicos, inconsistencias en las fechas y en las hipótesis acusatorias, particularmente en la no sustentación adecuada del cargo de interés indebido en la contratación, lo que a su juicio vulnera el derecho de defensa y el debido proceso. Por su parte, la fiscal Yarlecy Mena, de la Unidad Anticorrupción, pidió rechazar la nulidad al considerar que la etapa procesal ya había sido superada. Durante la diligencia, las defensas también confirmaron la recepción del escrito de acusación y anunciaron objeciones futuras.
Irregularidades en el caso Aguas Vivas generan retraso procesal
El caso Aguas Vivas investiga presuntas irregularidades cometidas entre febrero de 2020 y mayo de 2023, relacionadas con una modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que cambió la cesión gratuita de un lote por una compraventa, favoreciendo a particulares y generando un daño patrimonial al Distrito de Medellín estimado en 40.500 millones de pesos. El proceso involucra a 13 imputados en total y se sustenta en 3.930 documentos probatorios, con la administración municipal constituida como víctima. La reprogramación de audiencias retrasa significativamente la resolución de fondo del proceso, posponiendo cualquier avance sustancial hasta bien entrado 2026.
Este desarrollo procesal subraya las tensiones en uno de los casos de corrupción más resonantes en la historia reciente de Medellín, donde las estrategias defensivas buscan desmontar las bases de la acusación fiscal desde etapas tempranas, mientras la justicia avanza con lentitud en un expediente cargado de complejidad técnica y política.
