La defensa del excandidato presidencial Santiago Botero radicó este lunes una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra el comisario de familia de Cartagena, Amir Francisco Sanabria Aislant, por presuntas irregularidades en el proceso de violencia intrafamiliar que se sigue contra su representado. La abogada Diana Paola Chavarro, quien lidera la defensa de Botero, informó a través de un video y un comunicado público que la queja se fundamenta en actuaciones que, a su juicio, vulneran la imparcialidad, la reserva del expediente, la transparencia, el debido proceso y la proporcionalidad.
Según la defensa, el caso surgió de una negociación fallida de divorcio y liquidación patrimonial, en la que la contraparte, Manuela Echeverri, habría exigido una manutención vitalicia de 36 millones de pesos mensuales, una cuota superior a 5 millones de pesos para el hijo de la pareja, un seguro de vida por un millón de dólares y la entrega de un apartamento en Cartagena, que la defensa afirma tiene un valor cercano a 20.000 millones de pesos y no haría parte del patrimonio conyugal. La defensa califica el proceso como un «montaje» y denuncia que el comisario habría declarado a medios antes de notificar a Botero, divulgado actuaciones reservadas y filtrado información sobre testigos, además de presentar inconsistencias en los registros del procedimiento.
«Hoy informo que hemos radicado una queja disciplinaria contra el comisario de familia Amin Francisco Sanabria Aislant por presuntas actuaciones contrarias a la imparcialidad, la reserva del expediente, la transparencia, el debido proceso y la proporcionalidad», afirmó Chavarro.
Diana Paola Chavarro, abogada de Santiago Botero
La abogada también señaló un cambio sustancial en las acusaciones: «Las acusaciones han cambiado de manera sustancial. Se pasó de hablar de armas y violencia a una supuesta violencia económica», indicó, refiriéndose al proceso VCF-038-2026. Chavarro subrayó que hasta la fecha no existe una sola decisión definitiva contra su representado, sino una controversia patrimonial que, asegura, se ha convertido en un escándalo nacional.
La defensa anunció que esta queja es la primera de varias acciones jurídicas que emprenderán para demostrar lo que consideran un montaje. Entre los hechos que piden investigar está la supuesta divulgación de un auto reservado que contendría pruebas no incluidas en el expediente. La Procuraduría deberá ahora evaluar la queja y determinar si abre una investigación formal contra el comisario Sanabria Aislant.
