La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez solicitó a la Fiscalía General de la Nación suspender la indagatoria programada para el 4 de septiembre de 2026 a las 9:00 de la mañana, dentro de tres procesos judiciales que investigan su posible vínculo con la formación de grupos paramilitares en Antioquia durante su mandato como gobernador entre 1996 y 1998. El abogado Jaime Granados, representante del exmandatario, envió dos comunicaciones al ente acusador en las últimas horas previas a la diligencia, argumentando que la Corte Constitucional debe definir previamente si la autoridad competente para investigar a Uribe es la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes o la propia Fiscalía. La primera carta pide el aplazamiento hasta que el alto tribunal se pronuncie sobre ese conflicto de competencias, mientras que la segunda, de seis páginas, solicita más tiempo para analizar la declaración del exparamilitar Salvatore Mancuso, entrevistado por la defensa en marzo de 2026.
Los procesos que enfrenta Uribe buscan establecer su responsabilidad en la formación de estructuras paramilitares y en crímenes atroces ocurridos en su gestión como gobernador. Entre los hechos investigados se encuentran la masacre de El Aro, en la que 17 personas fueron asesinadas en octubre de 1997 y cientos de habitantes desplazados; la masacre de La Granja, en Ituango, donde cuatro campesinos fueron asesinados en junio de 1996; la incursión paramilitar en San Roque entre el 13 y el 17 de septiembre del mismo año; la desaparición forzada de cuatro personas en junio de 1996, y la desaparición de ocho comerciantes el 14 de agosto en el corredor Maceo-Puerto Berrío. La Fiscalía también indaga si la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe, fue utilizada como punto de apoyo logístico durante la incursión de San Roque.
El testimonio de Mancuso y la estrategia de la defensa
El testimonio de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, ha sido clave en el avance de las investigaciones. Mancuso declaró que funcionarios de la Gobernación de Antioquia, entonces encabezada por Uribe, recibieron instrucciones para ejecutar la masacre de El Aro, transmitidas por Pedro Juan Moreno Villa, secretario de Gobierno de la época. Además, señaló que la lista de campesinos a asesinar fue entregada por el general Alfonso Manosalva, comandante de la Cuarta Brigada. La defensa de Uribe sostiene que la declaración de Mancuso, si bien podría probar la participación de Moreno Villa, no vincula directamente al expresidente. La carta de la defensa, marcada como “insistencia”, ha sido interpretada por el periodista Daniel Coronell como parte de una estrategia para promover una acción de tutela con medida suspensiva, buscando detener el proceso de manera indefinida.
El caso se asemeja al expediente que enfrentó a Uribe bajo la administración del fiscal general Francisco Barbosa, nominado por el expresidente Iván Duque. La decisión de la Corte Constitucional sobre la competencia podría tardar años, lo que implicaría que el caso pase a manos del próximo fiscal general, cuyo nombramiento correspondería al presidente Abelardo de la Espriella. Uribe ha reiterado en múltiples ocasiones su inocencia frente a las acusaciones, mientras que la defensa confía en que el testimonio de Mancuso, al ser analizado a fondo, no incrimine al exmandatario. La batalla judicial promete extenderse en el tiempo, con un trasfondo político que mantiene en vilo a la opinión pública colombiana.
