La defensa del exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó el país entre 2002 y 2010, rechazó de manera contundente la posible reactivación de tres procesos judiciales en la Fiscalía General de la Nación por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con las masacres de La Granja e Ituango, El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo. Estos hechos ocurrieron en 1996, 1997 y 1998 respectivamente, en zonas de Antioquia como Ituango y Medellín, y la oposición a su reapertura se presentó mediante un documento oficial ante la Fiscalía, en un contexto marcado por la polarización política y las elecciones presidenciales de 2026.
Jaime Granados, abogado y representante legal de Uribe, lideró la denuncia al argumentar que durante más de 20 años, sectores políticos adversos y ciertos operadores judiciales han tejido una red de acusaciones basada en rumores, testimonios de oídas y manipulaciones políticas. La masacre de La Granja, perpetrada el 11 de junio de 1996, dejó cinco personas asesinadas, mientras que la de El Aro, entre el 22 y 26 de octubre de 1997, cobró la vida de al menos 15 campesinos a manos de más de 150 paramilitares. El homicidio de Jesús María Valle Jaramillo ocurrió en 1998, y la defensa insiste en que no existen pruebas técnicas ni testimoniales sólidas para vincular a Uribe, quien era gobernador de Antioquia en esa época.
Argumentos de la defensa contra las acusaciones
En el documento, la defensa destaca que las bitácoras de vuelo oficiales, los peritajes de la Aeronáutica Civil y los testimonios de los pilotos de la Gobernación han demostrado técnicamente que ninguna aeronave oficial estuvo en la zona de El Aro, desmintiendo acusaciones sobre un helicóptero de la Gobernación, y resalta que la agenda pública de Uribe lo ubicaba en Medellín y Bogotá那些 días. Para La Granja, rechazan la imputación por omisión invocando el artículo 296 de la Constitución de 1991 y el dominio de las Farc en la zona, además de actas de Consejos de Seguridad donde consta que Uribe solicitó insistentemente al Ejército y la Policía reforzar la presencia estatal.
“Existen actas de Consejos de Seguridad donde consta que Uribe solicitó insistentemente al Ejército y la Policía reforzar la presencia en la zona”
Defensa de Álvaro Uribe Vélez
Respecto al homicidio de Valle Jaramillo, afirman que no existe ningún nexo causal, orden, grabación o testimonio directo que vincule a Uribe con este crimen, ya que los autores materiales de la banda La Terraza y los determinadores paramilitares como Carlos Castaño fueron identificados y condenados. Testigos como Francisco Villalba Hernández y Salvatore Mancuso han sido refutados, con este último cambiando versiones en la JEP y negando vínculos con Uribe en 2006 y 2012. Sobre las Convivir, creadas legalmente por el Decreto 356 de 1994, subrayan que los excesos o delitos cometidos por integrantes individuales no pueden atribuirse penalmente al gobernador, y mencionan a Pedro Juan Moreno como posible enlace sin responsabilidad colectiva.
“no existe ningún nexo causal, orden, grabación o testimonio directo que vincule a Uribe con este crimen. Los autores materiales (banda La Terraza) y los determinadores paramilitares (Carlos Castaño) ya fueron identificados y condenados”
Defensa de Álvaro Uribe Vélez
La posible reactivación de estos procesos se enmarca en investigaciones por presunta vinculación con paramilitares y omisiones durante el gobierno de Uribe en Antioquia, pero la defensa denuncia motivaciones electorales ante la proximidad de las presidenciales de 2026, alertando sobre una instrumentalización judicial en medio de la polarización política que afecta al país.
“Los excesos o delitos cometidos por integrantes individuales de algunas Convivir no pueden atribuirse penalmente al gobernador”
Defensa de Álvaro Uribe Vélez
