Las defensas de las exsubdirectoras ambientales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), Ana María Roldán y Diana María Montoya, pidieron al juez del Juzgado 27 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín que no imponga medida privativa de la libertad contra sus clientas, en una audiencia marcada por presuntas irregularidades en contratos gestionados durante la administración del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La solicitud se opuso directamente al pedido de la Fiscalía 40 Seccional de Administración Pública, que investiga posibles apropiaciones indebidas en seis contratos de contratación directa por «apoyo a la gestión» suscritos entre el Amva y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí entre 2020 y 2021, por un valor superior a los 18.000 millones de pesos.
La audiencia fue suspendida y se reanudará el próximo 16 de febrero, fecha en la que se espera una decisión judicial tras las intervenciones de la Procuraduría y la representación de la entidad afectada. Las defensas argumentaron la falta de pruebas directas que vinculen a Roldán y Montoya con los hechos, destacando riesgos procesales y la responsabilidad derivada de sus cargos jerárquicos, sin que exista evidencia de beneficio patrimonial, enriquecimiento ilícito o instrucciones directas del exdirector del Amva, Juan David Palacio, para ordenar los gastos cuestionados. Además, señalaron que el formateo de computadores se realizó por protocolos de empalme administrativo, y precisaron que Montoya fue desvinculada en 2024 sin antecedentes penales.
Pruebas y otros involucrados en el caso
La Fiscalía basa su acusación en correos electrónicos y chats proporcionados por una testigo colaboradora bajo el principio de oportunidad, apuntando a irregularidades que superan los 17.000 millones de pesos en el caso de Palacio y al menos 2.481 millones en apropiaciones indebidas. Ya se encuentran privados de la libertad Misael Cadavid Jaramillo, director del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y María Yaneth Rúa García, junto con otro exfuncionario de esa entidad vinculado al proceso, lo que añade gravedad al escándalo de presunta corrupción en la gestión de recursos públicos durante ese período.
Este caso pone en el ojo del huracán la administración de contratos de emergencia en entidades metropolitanas, con la decisión judicial pendiente que podría definir el rumbo de la investigación contra las exfuncionarias del Amva, en un contexto de mayor escrutinio a la gestión ambiental y de bomberos en el Valle de Aburrá.
