Luis Miguel Moisés, reconocido defensor ambiental, denunció públicamente haber sido víctima de extorsión y amenazas por parte de hombres que se identificaron como miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidos como Los Pachenca, tras un accidente de tránsito sufrido por su hijo en El Rodadero, frente al hotel Santa María del Mar, en Santa Marta. El incidente obligó a Moisés a sacar a su familia de la ciudad por razones de seguridad, tras lo que exigieron un pago de 1.500.000 pesos bajo la amenaza de llevarlos a la Sierra Nevada si no cumplían.
Según el relato del defensor ambiental, los hombres llegaron en motocicleta al lugar del accidente en ausencia de autoridades de policía o tránsito, asumiendo el control de la situación y actuando como si fueran la autoridad máxima en la zona. Moisés compartió un video en redes sociales detallando los hechos, donde explicó que este tipo de prácticas forman parte de un cobro sistemático de extorsiones, conocido como «vacuna», que afecta especialmente a los más vulnerables en El Rodadero y otros barrios de Santa Marta, como los carperos que pagan semanalmente 10.000 pesos. La ausencia estatal en estas áreas permite que grupos armados ejerzan control territorial de manera impune.
El testimonio del defensor ambiental
«Ese accidente, que debió ser cubierto por una póliza, vinieron ellos, que son la póliza, le quitaron 1.500.000 pesos y si no los daban, se los iban a llevar a la Sierra Nevada de Santa Marta», relató Moisés en su denuncia. Agregó: «Acá en el Rodadero, en cada barrio de Santa Marta, los miserables paramilitares le cobran semanalmente a los más trabajadores, a los más vulnerables, un dinero. Acá, los carperos tienen que pagar semanalmente 10.000 pesos. Y acá, en este punto, al frente del Santa María del Mar, se parquean unas motos, tricimotos, que por un evento X, Y, en vez de llamar a la Policía Nacional, llaman a los paramilitares, porque para ellos son la máxima autoridad».
«Con mi familia fuera de la ciudad, me quedo en búsqueda de una paz para todos y todas».
Luis Miguel Moisés, defensor ambiental
Respuesta del grupo armado y acciones de las autoridades
El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada negó cualquier involucramiento en el incidente específico, afirmando: «En este caso específico no tenemos absolutamente nada que ver». Sin embargo, reiteraron su compromiso con la Ley 2272 de Paz Total, pactada con el gobierno nacional, expresando: «Respetando los pactos y compromisos que en el marco de la Ley 2272 de Paz Total se han pactado con el gobierno nacional reiteramos nuestra mayor disposición y voluntad de paz, pero más encima de todo el respeto por las leyes. a la soberanía samaria junto con la sociedad civil». Moisés, por su parte, elevó un llamado al diálogo: «Elevo la necesidad de un diálogo que permita conducir al sometimiento de estos grupos armados en la ciudad. Pero para que ello suceda, necesitamos que ustedes dejen de fregar al pueblo samario. Es necesario. Cada peso que los samarios y samarias le pagan a ustedes en vacunas, es una oportunidad perdida en educación, en salud y en tranquilidad».
La Alcaldía de Santa Marta convocó un Consejo de Seguridad y solicitó investigaciones inmediatas a la Fiscalía y la Policía Nacional, mientras que la familia de Moisés fue trasladada por motivos de seguridad. Jennifer del Toro, de la Alta Consejería para la Paz de Santa Marta, rechazó la suplantación de autoridad por parte de grupos armados y llamó a investigaciones urgentes. Comerciantes, operadores turísticos e habitantes de la zona exigen el restablecimiento de la presencia estatal en El Rodadero para poner fin a estas prácticas sistemáticas de extorsión que asfixian la economía local y generan zozobra constante.
