En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, conmemorado cada 30 de julio, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta contundente sobre el incremento del riesgo de este delito en Colombia, señalando que la pobreza, el conflicto armado, la migración y el uso de plataformas digitales son los principales factores que están disparando las cifras de víctimas en el país. Según el más reciente boletín de la entidad, durante el año 2025 las duplas de género atendieron 268 casos de trata de personas, de los cuales el 94,4 por ciento correspondió a mujeres, evidenciando una afectación desproporcionada hacia este género. La alerta, difundida este miércoles, también revela que la mayoría de los casos, un 69,4 por ciento, corresponde a trata interna, es decir, que ocurre dentro del territorio nacional, desvirtuando la creencia popular de que este delito solo implica el cruce de fronteras.
La explotación sexual se consolida como la principal finalidad de este flagelo, representando el 74 por ciento de los casos atendidos por la Defensoría. Las víctimas, en su mayoría, son adultas jóvenes: el 92,9 por ciento tiene entre 19 y 59 años, y el 81,7 por ciento pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos, 1 y 2, lo que refleja cómo la vulnerabilidad económica se convierte en una puerta de entrada para los tratantes. Un dato que enciende las alarmas es que el 40,7 por ciento de las atenciones estuvo asociado directa o indirectamente con el conflicto armado, lo que indica que los grupos ilegales estarían participando en la captación, el traslado o la explotación de las víctimas, o utilizando estas redes para mover población hacia zonas bajo su control.
La población migrante, especialmente la venezolana, es una de las más golpeadas por este delito. De acuerdo con el boletín, el 43 por ciento de las víctimas atendidas por la Defensoría era de nacionalidad venezolana, y la mayoría contaba con estatus migratorio regular, lo que refuta la idea de que la irregularidad es el único factor de riesgo. La ausencia de redes de apoyo, las barreras de acceso a derechos y la vulnerabilidad económica hacen de esta población un blanco fácil para las redes criminales. En el ámbito nacional, las autoridades judiciales registraron 329 noticias criminales por trata de personas durante el año 2025, donde el 64 por ciento de las víctimas eran mujeres, mientras que el Centro Operativo Anti-Trata del Ministerio del Interior reportó 435 casos en el mismo período.
La situación en Bogotá y el uso de plataformas digitales
El panorama en la capital del país también es crítico. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá complementó la información al indicar que entre 2024 y lo corrido de 2026 se identificaron y canalizaron 77 casos de trata en la ciudad, de los cuales el 81 por ciento fueron mujeres y el 62 por ciento tuvo como fin la explotación sexual. La población más afectada en Bogotá se concentra en el rango de edad de 18 a 29 años. Las autoridades distritales advirtieron que una parte importante de las captaciones se realiza a través de falsas ofertas laborales o de migración difundidas en plataformas digitales, un mecanismo que las redes criminales explotan cada vez más para engañar a sus víctimas con promesas de mejores ingresos o viajes al exterior.
La Defensoría del Pueblo subrayó que la trata de personas sigue siendo una de las violaciones más graves a los derechos humanos en Colombia, y que el incremento de la pobreza y la falta de oportunidades están creando un caldo de cultivo para que más personas caigan en las redes de los tratantes. En Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud recordó que las víctimas de este delito reciben atención médica, psicológica y psicosocial, incluso si no están afiliadas al sistema de salud o se encuentran en condición migratoria irregular. El objetivo, señaló la administración distrital, es garantizar el acceso a los servicios sin barreras y evitar que se produzcan nuevos daños. La conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas sirvió como el escenario para reiterar el llamado a las autoridades y a la sociedad civil a redoblar los esfuerzos para prevenir este delito, proteger a las víctimas y perseguir a los responsables.
