A 41 años de la tragedia de Armero, la Defensoría del Pueblo reveló que solo una de las 23 recomendaciones formuladas para reparar a las víctimas del desastre ha sido cumplida totalmente. El balance, presentado inicialmente en 2025 como parte de la investigación “Armero: ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia”, y actualizado un año después, evidencia las profundas deudas del Estado con los sobrevivientes y familias que aún padecen las consecuencias sociales y humanitarias de la erupción del volcán Nevado del Ruiz.
El 13 de noviembre de 1985, la erupción sepultó al municipio de Armero, en el Tolima, y dejó una cifra de víctimas que aún estremece: entre 21.000 y 28.000 fallecidos, entre 3.000 y 4.000 desaparecidos –de los cuales más de 400 eran niños y niñas– y un número de sobrevivientes que oscila entre 4.000 y 12.000, muchos de los cuales fueron desplazados hacia Lérida, Ibagué, Bogotá y Medellín, mientras la cabecera municipal se trasladaba a Armero-Guayabal.
Una sola recomendación cumplida, quince a medias y siete en el olvido
De las 23 recomendaciones dirigidas a distintas instituciones del Estado, la Defensoría del Pueblo encontró que únicamente se cumplió en su totalidad la producción de un documental institucional sobre la memoria de Armero. Otras quince medidas presentan un cumplimiento parcial, entre ellas la realización de un censo y caracterización de sobrevivientes, acciones afirmativas, la declaratoria de bienes de interés cultural, la creación del Centro de Memoria Histórica de Armero y la reglamentación de las leyes 1632 de 2013 y 2505 de 2025.
Sin embargo, siete recomendaciones clave permanecen incumplidas. Entre ellas se destacan el reconocimiento oficial de la población sobreviviente, la priorización en programas de vivienda y acceso a tierras, la atención psicosocial integral, la implementación de rutas turísticas de memoria y la creación de un mecanismo nacional para buscar desaparecidos en desastres. Estas fallas reflejan afectaciones que van más allá de lo material, pues incluyen fragmentación familiar, desarraigo y dificultades persistentes para acceder a servicios básicos y oportunidades económicas.
«La necesidad de que el Estado reconozca oficialmente los daños prolongados ocasionados por la tragedia y establezca medidas de reparación integral con enfoque diferencial y generacional»
Defensoría del Pueblo
El organismo de derechos humanos también insistió en la urgencia de realizar un censo nacional de sobrevivientes y sus descendientes, incluso fuera de Colombia, para dimensionar la población afectada. En materia de salud, se requiere atención integral y acompañamiento psicosocial, mientras que en justicia se pide un programa específico de búsqueda e identificación de niños desaparecidos, así como mecanismos para atender casos de personas desaparecidas en desastres. A 41 años de la tragedia, el cumplimiento de estas recomendaciones sigue siendo una deuda histórica que el país apenas comienza a enfrentar.
