La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia contundente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la imposición de un paro armado de 72 horas que comenzará el próximo 14 de diciembre de 2025 a las 6:00 de la mañana, tras el comunicado divulgado el 13 de diciembre. Esta medida, que restringe la movilidad y la vida cotidiana de la población mediante amenazas y coerción, afectará principalmente los territorios bajo influencia del ELN en regiones como Chocó, Antioquia y Norte de Santander, incrementando los riesgos de desabastecimiento, confinamientos forzados, desplazamientos masivos y graves vulneraciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La entidad activará un monitoreo y verificación territorial inmediato para documentar cualquier impacto en la población civil, exhortando al ELN a abstenerse de cualquier acción violenta que ponga en peligro la integridad de los habitantes. Estas acciones, que configuran castigos colectivos prohibidos por el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 y el Protocolo II adicional de 1977, evocan paros armados previos que provocaron bloqueos viales y un agravamiento de la crisis humanitaria en la costa pacífica y zonas fronterizas, donde las autoridades regionales ya coordinan medidas preventivas para proteger a los ciudadanos.
Defensoría también rechazó el paro armado de disidencias de las Farc en las fronteras
De la misma manera, la Defensoría del Pueblo condenó el paro armado de 22 días anunciado por el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc en el Estado Mayor Central (EMC), programado del 9 al 30 de diciembre en Caquetá y Putumayo. Esta restricción incluye el cierre de comercios y amenazas directas a la población, con atención especial a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas, que no pueden ser rehenes de grupos armados en su afán de control territorial.
«Exhortamos al ELN a abstenerse de ejecutar cualquier acción violenta y pedimos a las autoridades nacionales y territoriales que adopten medidas inmediatas, coordinadas y proporcionales que aseguren la protección de la población civil».
Defensoría del Pueblo
La institución subrayó que estas prácticas imponen amenazas a la vida y nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones, recordando que la dignidad humana y el respeto a la vida están por encima de cualquier pretensión de dominio territorial. En un llamado urgente, las autoridades nacionales y locales deben garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales en medio de estas tensiones.
«La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial».
Defensoría del Pueblo
