La Defensoría del Pueblo emitió una contundente advertencia este 18 de julio, al señalar que el verdadero impacto de la Ley 2590 de 2026, recién sancionada por el Gobierno nacional para combatir el reclutamiento de menores, dependerá en su totalidad de la reglamentación, financiación e implementación oportuna por parte del Estado. En un pronunciamiento oficial difundido desde Bogotá, el organismo de control advirtió que la firma de la ley constituye apenas el primer paso de un camino que exige voluntad política y recursos concretos para proteger a la niñez colombiana.
La entidad enfatizó que el avance legal solo se convertirá en protección efectiva si las medidas se aplican en los territorios más afectados por el conflicto armado y otras formas de violencia organizada. Según la Defensoría, el principal desafío radica en que los instrumentos creados por la norma, como el documento Conpes y la actualización de la política pública, todavía requieren ser desarrollados, presupuestados y ejecutados con metas verificables e indicadores claros.
Plazos y desafíos para la implementación de la ley
La Ley 2590 de 2026 establece plazos de un año desde su entrada en vigencia para la elaboración de varios instrumentos clave. En ese período se deberá crear el documento Conpes y actualizar la línea de política pública sobre prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el mismo año será el límite para adoptar un protocolo de prevención y bloqueo de contenidos digitales asociados al reclutamiento, y para que el Ministerio de Educación desarrolle un plan de fortalecimiento de infraestructura, planta docente y delimitación de escuelas en los municipios de mayor riesgo.
«Su verdadero impacto dependerá de la capacidad del Estado para reglamentar, financiar e implementar oportunamente los instrumentos que la propia norma establece»
Defensoría del Pueblo, Comunicado oficial
La Defensoría subrayó que una política de prevención efectiva requiere planeación de largo plazo, recursos suficientes y una adecuada articulación entre la Nación y los territorios. La entidad también reclamó que los instrumentos incluyan fuentes de financiación claras, mecanismos de seguimiento y responsabilidades definidas para cada actor involucrado. En ese sentido, la ley obliga a priorizar las zonas que la propia Defensoría del Pueblo identifique como escenarios de riesgo, donde los programas de la Ciprunna deberán concentrar su acción.
La norma crea además un Equipo Nacional de Acción Inmediata para articular respuesta urgente ante riesgos inminentes de reclutamiento, y establece un Observatorio Nacional de Reclutamiento y Uso de Menores de edad que integrará datos estatales para mejorar la prevención. También se exigirá cooperación entre el Estado y la industria tecnológica para prevenir los riesgos digitales asociados al reclutamiento por parte de grupos armados, e incluye una estrategia preventiva de alcance social con familias, comunidades e instituciones educativas.
«La protección efectiva exige presencia integral del Estado en los territorios, fortalecimiento de la educación, oportunidades para niñas, niños y adolescentes y sus familias, protección de las comunidades, respuesta temprana frente a los riesgos y acciones coordinadas que reduzcan los factores que favorecen el reclutamiento»
Defensoría del Pueblo, Comunicado oficial
El llamado de la Defensoría es un recordatorio de que la lucha contra el reclutamiento de menores no termina con la sanción de una ley, sino que apenas comienza con la exigencia de que el Estado cumpla su promesa de proteger a la infancia en los territorios más golpeados por la violencia.
