La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 027 de 2026, un documento que advierte sobre el inminente riesgo para la población civil en el noroccidente de Casanare debido a la creciente confrontación territorial entre el Frente Adonay Ardila Pinilla, perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el Frente 28 del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), que opera bajo el mando de alias Iván Mordisco. El organismo defensor alerta que la disputa por el control de este corredor estratégico, que conecta Casanare con Arauca, Boyacá y el centro del país, podría intensificar los enfrentamientos y derivar en graves violaciones a los derechos humanos.
Los municipios señalados como focos de riesgo son La Salina, Sácama, Támara y sectores de Hato Corozal, donde se ubica el resguardo indígena Chaparral Barro Negro. La alerta surge tras identificar que el Frente 28, con apoyo del Frente 10, busca retomar y expandir su presencia en la zona, trasladando estructuras e instalando campamentos, lo que ha llevado al ELN a responder para contener ese avance. Esta dinámica, según el análisis de la Defensoría, incrementa la probabilidad de acciones violentas, incluyendo la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados en caminos, predios agrícolas y cerca de centros educativos, así como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, el control social y económico de la población y la afectación directa a comunidades indígenas, firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 y líderes sociales.
Ocho ejes y veintiocho recomendaciones para la acción estatal
Frente a este panorama crítico, la Defensoría del Pueblo formuló un total de 28 recomendaciones estratégicas, dirigidas a las autoridades nacionales, departamentales y municipales. Estas se estructuran en ocho ejes de intervención que buscan una respuesta integral. El primer eje aborda la coordinación de una respuesta rápida a través del Comité Interinstitucional de Prevención y Atención de Riesgos (Ciprat), mientras que el segundo se centra en la disuasión del contexto de amenaza. También se incluyen ejes para la investigación y el acceso a la justicia, la prevención y protección, el fortalecimiento comunitario y organizativo, la asistencia y acción humanitaria integral, y la mitigación de las vulnerabilidades sociales, todo ello con un seguimiento continuo por parte del Ministerio Público.
El organismo de derechos humanos detalló que las presiones económicas sobre la población se han intensificado, con el cobro de “impuestos” a comerciantes, contratistas y empresas. De igual forma, se advierte sobre el fortalecimiento de mecanismos de control social que resultan abusivos, como la imposición de “manuales de convivencia”, registros casa por casa, requisas de celulares, la elaboración de censos y la imposición de confinamientos forzados. Las comunidades indígenas U’wa, particularmente en los resguardos Guanu´wa Rauriu´wa y Chaparral Barro Negro, ven amenazada su autonomía, mientras que los firmantes de paz enfrentan un escenario de amenazas, estigmatización y desplazamiento. Los líderes de juntas de acción comunal y los servidores públicos locales también son señalados como blancos de intimidación.
Las recomendaciones del ente defensor fueron enviadas a entidades clave como los Ministerios del Interior y de Defensa, la fuerza pública, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad para las Víctimas (Uariv), la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), así como a la Gobernación de Casanare y las alcaldías de los municipios en riesgo. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a estas instituciones para que adopten las medidas de protección necesarias y evitar así una nueva escalada de violencia que profundice la crisis humanitaria en esta región del Piedemonte Llanero.









