La Defensoría del Pueblo, a través de su defensora Iris Marín Ortiz, alertó sobre la existencia de al menos dos centros de entrenamiento y reclutamiento de menores de edad por parte de grupos armados ilegales en el departamento de Córdoba, Colombia. Esta advertencia surgió durante una visita a la región, basada en información recopilada directamente en terreno mediante testimonios de comunidades locales, que revelan un subregistro significativo debido al temor a represalias y al fuerte control territorial ejercido por estas estructuras.
En el año 2025 se registraron 257 casos de reclutamiento de menores en todo el país, cifra que ascendió a 15 más solo en el primer bimestre de 2026, entre el 1 de enero y el 28 de febrero. De estas víctimas, el 47 por ciento pertenecen a pueblos indígenas y el 8 por ciento a comunidades afrocolombianas, con un 62 por ciento de niños y adolescentes varones y el 38 por ciento de niñas y adolescentes. El departamento del Cauca lideró con más de 90 casos en 2025, seguido de Antioquia, Chocó, Huila, Nariño y Norte de Santander. Alarmantemente, el 44 por ciento de los menores contactados en ese año lo fueron a través de plataformas digitales como TikTok y Facebook.
Estrategias de convencimiento en lugar de fuerza
En Córdoba, los grupos armados ilegales emplean tácticas de persuasión dirigidas a menores y sus familias, evitando en muchos casos el uso directo de la fuerza. Estas incluyen promesas económicas, entrega de regalos y manipulación emocional, especialmente vía redes sociales, lo que complica la detección y denuncia de estos hechos. El reclutamiento infantil representa la forma de victimización con mayor crecimiento en el país, y las cifras oficiales no reflejan la magnitud real debido a las limitaciones en las denuncias, con proyecciones que indican un caso cada 12 horas si la tendencia persiste.
“Tenemos información de al menos dos centros de reclutamiento, de entrenamiento para menores de edad aquí en el departamento de Córdoba”
Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo
Frente a esta situación, se hace imperativa la necesidad de reforzar la presencia institucional y las acciones preventivas en los territorios afectados, para contrarrestar el subregistro y proteger a la infancia de estas redes criminales que amenazan el futuro de la región y del país.
