Defensoría: centros de detención transitoria albergan 18.824 personas, casi el doble de su capacidad

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Durante una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, la defensora del Pueblo, Iris Marín, presentó un balance alarmante sobre la crisis carcelaria en Colombia, evidenciando que los centros de detención transitoria albergan a 18.824 personas, casi el doble de su capacidad instalada, que es de 9.686 cupos. Esto significa un déficit de 9.138 espacios, lo que demuestra el colapso del sistema carcelario, especialmente en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), donde la mayoría de los detenidos permanece en condiciones que vulneran sus derechos fundamentales.

La Defensoría del Pueblo inspeccionó 94 centros de reclusión temporal a lo largo del año, encontrando que 17.292 personas superan el límite legal de 36 horas establecido para estar en estas instalaciones transitorias. Además, 674 individuos que ya tienen sentencias condenatorias en firme continúan allí, en lugar de ser trasladados a centros penitenciarios. En total, el 94% de la población privada de la libertad en centros transitorios supera el tiempo máximo legal, y el 59% acumula más de tres meses bajo custodia en áreas diseñadas para estancias cortas.

Colapso estructural y obras inconclusas

La crisis no es nueva. Colombia mantiene un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en el sistema carcelario debido a violaciones masivas de derechos humanos, declarado por la Corte Constitucional. Pese a las órdenes emitidas, la infraestructura penitenciaria apenas ha crecido un 3,32% en una década: de 78.420 plazas en 2016 a 81.025 en junio de 2026, un aumento ínfimo frente a la demanda. Peor aún, desde 2024 se han clausurado pabellones, restando 1.027 cupos utilizables. Los proyectos de infraestructura, como el Conpes 4082 de 2022, que prometía 9.896 plazas nuevas en nueve establecimientos, no han concluido ninguno; cuatro ni siquiera han iniciado labores en terreno, y la ejecución global apenas llega al 20%.

«Para la Defensoría del Pueblo, la garantía de los derechos de las personas privadas de la libertad no es un asunto más de la agenda: es una prioridad institucional. El Estado de Cosas Inconstitucional no persiste por una falta de diagnóstico, persiste porque la cadena que debe conectar las órdenes de la Corte Constitucional con el goce efectivo de derechos se rompe en los eslabones que ya podemos identificar».

Iris Marín, defensora del Pueblo

Un ejemplo emblemático es el complejo carcelario de Cúcuta, donde solo hay 576 cupos habilitados para más de 3.280 personas privadas de la libertad, lo que obliga a hacinamientos extremos. Como explicó la defensora, «un cupo físico no implica de por sí un cupo habilitado», ya que las condiciones reales de los espacios, como falta de agua, saneamiento o seguridad, impiden su uso efectivo.

Bloqueo institucional y falta de financiación

La raíz del problema, según la Defensoría, es un bloqueo institucional. Las entidades territoriales, como municipios y departamentos, tienen responsabilidades sobre la población sindicada (es decir, las personas detenidas sin condena firme), pero carecen de una fuente de financiación claramente definida. El Congreso no ha aprobado desde 2022 la ley que distribuye las cargas económicas entre la Nación y los territorios para costear alimentación, custodia y mantenimiento de los centros transitorios. Mientras tanto, el Inpec rechaza el ingreso de internos que requieren condiciones diferenciadas, como adultos mayores, mujeres gestantes o personas con limitaciones físicas o psicosociales, lo que agrava la situación en las estaciones de policía.

«La causa de fondo es un bloqueo institucional. Las entidades territoriales tienen responsabilidades frente a la población sindicada, pero no cuentan con una fuente de financiación claramente definida».

Iris Marín, defensora del Pueblo

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo presentó un conjunto de propuestas al Gobierno nacional: terminar los 14 proyectos de infraestructura penitenciaria que están en ejecución, fijar metas claras dentro del presupuesto nacional, formalizar un esquema de financiación concurrente entre Nación y territorios, habilitar bienes bajo custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) como espacios temporales de detención, convocar mesas de descongestión y promover asociaciones público-privadas que permitan ampliar la capacidad del sistema. La urgencia es máxima: mientras no se supere el bloqueo institucional, el Estado de Cosas Inconstitucional seguirá siendo una herida abierta en el sistema carcelario colombiano.

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