La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 257 casos de reclutamiento forzado de menores de edad durante el año 2025, una cifra que representa una notable reducción en comparación con los 651 casos reportados en 2024. El informe consolidado, presentado el 22 de enero por la directora Iris Marín Ortiz, destaca al departamento del Cauca como el más afectado con 93 casos, seguido de Antioquia con 23 y Chocó con 22. Estos hechos, documentados a lo largo de enero a diciembre de 2025 en todo el territorio nacional, responden a la vulnerabilidad social, territorial y económica de las comunidades, agravada por la presencia limitada del Estado en zonas de conflicto.
Entre los detalles más alarmantes del reporte se encuentra la distribución por género, donde el 62 por ciento de las víctimas fueron niños y adolescentes hombres, mientras que el 38 por ciento correspondió a niñas y adolescentes mujeres. En cuanto a la composición étnica, el 47 por ciento de los casos involucró a indígenas, el 45 por ciento a personas sin pertenencia a un grupo étnico específico y el 8 por ciento a población afrocolombiana. Los actores responsables principales fueron las disidencias de las FARC-Ep con el 47,1 por ciento de los casos, seguidas por disidencias no especificadas con el 15,16 por ciento, el ELN con el 11,7 por ciento y el Clan del Golfo con el 8,2 por ciento. Los meses con mayor incidencia fueron junio con el 13 por ciento, febrero y marzo con el 11 por ciento cada uno, e enero, abril y septiembre con el 10 por ciento respectivamente.
Impacto en comunidades vulnerables y llamado a la acción
Este reclutamiento forzado, una práctica histórica de los grupos armados en Colombia, afecta de manera desproporcionada a comunidades étnicas y territorios marginados, caracterizados por disputas armadas, economías ilegales y dificultades para acceder a derechos básicos como la educación y la protección. Aunque los casos muestran una tendencia sostenida y no aislada, la Defensoría enfatiza la necesidad de que el Estado fortalezca medidas de prevención, garantice la educación y amplíe su presencia para proteger a la infancia en estas regiones.
«Cada menor de edad que se aleja de su entorno para ir a la guerra es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar».
Iris Marín Ortiz, directora de la Defensoría del Pueblo
La entidad reitera en su comunicado oficial esta advertencia, subrayando que normalizar estos truncamientos de vida infantil solo perpetúa el ciclo de violencia en un país que busca superar décadas de conflicto armado.
