La Defensoría del Pueblo emitió una advertencia urgente el 25 de abril de 2026 sobre la posible instalación de nuevos artefactos explosivos en la vía Panamericana, específicamente en las veredas Mandivá de Santander de Quilichao y Pescador de Caldono, en el Cauca, tras la detonación de un explosivo en Cajibío que dejó un saldo trágico de 14 personas fallecidas y más de 38 heridas. Esta alerta se produce en medio de un deterioro evidente de la seguridad en la región, donde ataques armados con dispositivos improvisados y drones cargados de explosivos han intensificado los riesgos para la población civil y los corredores viales estratégicos en Cauca y Valle del Cauca.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se sumó a las voces de preocupación, destacando cómo esta escalada de violencia no solo afecta a la fuerza pública, sino que traslada peligros directos a comunidades inocentes que transitan por estas rutas. La Defensoría subrayó que estos incidentes evidencian el uso de nuevas modalidades de ataque en zonas con presencia civil, y reiteró alertas tempranas previas sobre los riesgos derivados del control territorial, la imposición de normas y las disputas entre actores armados en el suroccidente del país.
Repetición de ataques evidencia fallas estatales
La organización enfatizó que cuando estos hechos se repiten en los mismos corredores, dejan de ser aislados y revelan fallas en la prevención y respuesta del Estado. Otros ataques recientes se han registrado en Mercaderes, Popayán y Guachené, así como en el Valle del Cauca en municipios como Cali, Palmira, Jamundí y Robles. Además, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció una serie de agresiones que incluyen retenes ilegales, atentados, asesinatos selectivos en Santander de Quilichao, Corinto y Caloto, junto con amedrentamiento a comunidades y reclutamiento forzado de menores.
“Lo que evidencia el uso de nuevas modalidades de ataque en zonas donde hay presencia de población civil”.
Defensoría del Pueblo
“Esta escalada no solo impacta a la fuerza pública, sino que está trasladando los riesgos a la población civil y a corredores donde transitan comunidades”.
Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y la atención inmediata a los heridos, ante un riesgo incrementado tanto para la población civil como para la fuerza pública en estas zonas de alta tensión. Este pronunciamiento busca visibilizar la urgencia de acciones coordinadas para proteger a las comunidades del suroccidente colombiano.
