La Defensoría del Pueblo encendió las alarmas tras una escalada de ataques armados y uso de artefactos explosivos que sacudió a 11 departamentos de Colombia durante la noche del viernes 7 y la madrugada del sábado 8 de agosto. En un comunicado oficial, la entidad advirtió que los hechos se concentraron con mayor intensidad en Cauca y Nariño, donde se registraron hostigamientos con armas de fuego, drones y explosivos contra instalaciones de la Fuerza Pública, infraestructura, vías y corredores estratégicos. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten el derecho internacional humanitario y cesen las acciones que ponen en riesgo a la población civil.
Según el reporte de la Defensoría, los ataques se extendieron a lo largo de once departamentos: además de Cauca y Nariño, también se presentaron incidentes en Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare. Aunque las autoridades continúan verificando las circunstancias y autorías de varios de estos hechos, los primeros indicios apuntan a que detrás de las acciones estarían el ELN y las disidencias de alias Iván Mordisco y alias Calarcá Córdoba. La Defensoría subrayó que no existe evidencia de una ofensiva nacional coordinada, sino que se trata de dinámicas territoriales propias de la fragmentación de los actores armados en distintas regiones del país.
Uso de drones y explosivos en zonas pobladas
Uno de los aspectos que más preocupa a la Defensoría es la utilización reiterada de drones y artefactos explosivos, modalidades que el Sistema de Alertas Tempranas de la entidad había advertido previamente y que están transformando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios. “A este escenario se suma la utilización reiterada de drones y artefactos explosivos, modalidades que nuestro Sistema de Alertas Tempranas ha advertido previamente y que están transformando las condiciones de la confrontación armada en diferentes territorios”, señaló la Defensoría en su comunicado. Los ataques se registraron en cabeceras municipales y áreas cercanas a viviendas y comercios, lo que incrementa el riesgo de efectos indiscriminados sobre la población civil.
“Recordamos nuevamente a los grupos armados ilegales que la población civil no puede ser puesta en riesgo ni convertida en escenario de demostraciones de fuerza”.
Defensoría del Pueblo, comunicado oficial
La Defensoría del Pueblo exigió a los grupos armados respetar estrictamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario, y abstenerse de realizar acciones que puedan producir efectos indiscriminados o poner en riesgo a la población civil. “La prioridad debe ser proteger a la población civil y evitar que sean las comunidades quienes terminen pagando el costo de la violencia”, enfatizó la entidad.
Medidas ante el inicio de un nuevo Gobierno
Frente a esta escalada de violencia, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo un doble llamado: por un lado, pidió a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario; por otro, instó al Gobierno nacional a proteger a la población y las comunidades. La Defensoría recordó que el país se encuentra en el inicio de un nuevo Gobierno y que, por tanto, es necesario reforzar respuestas integrales que combinen la seguridad con medidas preventivas y de protección. “Exigimos respetar estrictamente los principios de distinción, precaución y proporcionalidad establecidos por el derecho internacional humanitario. Abstenerse de realizar acciones que puedan producir efectos indiscriminados o poner en riesgo a la población civil”, reiteró la entidad.
La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación y sus impactos humanitarios, mientras que las comunidades afectadas enfrentan restricciones a la movilidad y alteraciones en su vida cotidiana. El Sistema de Alertas Tempranas ya había advertido previamente sobre la transformación de las condiciones de la confrontación armada, y estos hechos confirman que la utilización de drones y explosivos en zonas pobladas representa una nueva y peligrosa amenaza para los civiles en regiones históricamente golpeadas por el conflicto.
