La Defensoría del Pueblo de Colombia, liderada por Iris Marín, manifestó este jueves 25 de noviembre de 2025 su profunda preocupación por presuntos vínculos entre las disidencias de las Farc al mando de Alexander Díaz, alias Calarcá, cabecilla del Estado Mayor Bolchevique (Embf), y miembros de la fuerza pública, así como funcionarios estatales. A través de un comunicado oficial, la entidad exigió una reflexión profunda sobre el proceso de paz en curso y la legitimidad de los mecanismos gubernamentales involucrados, en un contexto de revelaciones que cuestionan los compromisos del grupo armado.
Estas inquietudes surgen precisamente por las recientes revelaciones que apuntan a nexos entre integrantes del Embf de disidencias Farc, bajo el mando de alias Calarcá, y elementos de la fuerza pública, lo que pone en tela de juicio los fundamentos y objetivos del proceso de paz impulsado por el presidente Gustavo Petro. La Defensoría insta a examinar con detalle la conveniencia de los mecanismos de negociación y la acción estatal para garantizar el orden público.
Reflexión sobre el rol del Estado en la seguridad nacional
En el comunicado, la Defensoría subraya la necesidad de evaluar los procesos de paz negociada como complemento a la acción de la fuerza pública y la colaboración con la rama judicial, sin que ello implique renunciar al deber primordial de proteger a la población en todo el territorio colombiano. Este llamado cobra relevancia en medio del proceso de paz en desarrollo con el grupo armado, donde surgen dudas sobre la transparencia y eficacia de los compromisos asumidos.
“El Presidente de la República tiene la facultad y obligación de garantizar el orden público en todo el país. Para ese fin tiene a su disposición, de una parte, los mecanismos relacionados con la acción de la fuerza pública y la colaboración con la rama judicial. De otra parte, de manera complementaria puede acudir a los procesos de paz negociada. Es de su resorte evaluar la conveniencia de acudir a estos mecanismos. En todo caso, nunca puede renunciar a su deber de proteger a la población”
Defensoría del Pueblo de Colombia
La noticia se encuentra en desarrollo, según información de Colprensa, y pone de manifiesto las tensiones entre la búsqueda de la paz y la imperiosa necesidad de mantener el control del orden público en Colombia.
