La Defensoría del Pueblo entregó al presidente Abelardo de la Espriella un informe de derechos humanos que advierte sobre la persistencia del conflicto armado y la expansión territorial de grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó el documento titulado «Radiografía de los derechos humanos en Colombia: cifras clave para decidir» el lunes 24 de agosto de 2026, como insumo para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, iniciativas legislativas y otras decisiones del Estado. El informe complementa el documento «Decisiones impostergables en materia de derechos humanos para el nuevo gobierno», presentado durante el proceso electoral, y la Defensoría prevé mantener seguimiento de estas problemáticas en los próximos años.
Las cifras del informe revelan una preocupante expansión territorial de los grupos armados ilegales. Las disidencias de las Farc operan en 372 municipios, el ELN en 260 y el Clan del Golfo en 509, lo que evidencia un control extendido sobre amplias zonas del país. Además, la Defensoría emitió 120 Alertas Tempranas territoriales que abarcan 396 municipios y 15 territorios indígenas en 32 departamentos, señalando riesgos inminentes para la población civil. Entre las violencias más destacadas, se reportaron 121 ataques con sistemas aéreos no tripulados entre enero y mayo de 2026, que dejaron 21 fallecidos y 145 heridos, así como 651 masacres con 2.380 víctimas entre 2019 y el 18 de julio de 2026.
Desplazamiento, reclutamiento y homicidios
El desplazamiento forzado masivo continúa siendo una tragedia humanitaria: entre 2017 y 2026 se registraron 1.002 eventos que afectaron a 394.839 personas, de las cuales el 35,73 por ciento pertenecía a pueblos étnicos. El reclutamiento de menores de edad muestra una tendencia descendente, con 682 casos en 2024, 419 en 2025 y 74 entre enero y junio de 2026, aunque la Defensoría advierte sobre las dificultades para denunciar estas situaciones. Asimismo, 71 niñas, niños y adolescentes fallecieron en operativos militares entre agosto de 2022 y junio de 2026. En cuanto a los firmantes del Acuerdo de Paz, se registraron 521 homicidios entre 2017 y 2026, mientras que más de 11.000 firmantes se encuentran en proceso de reincorporación a mayo de 2026.
Pobreza, violencia de género y derechos ambientales
En el ámbito socioeconómico, la pobreza monetaria cayó al 28 por ciento en 2025, una mejora significativa frente al 43,1 por ciento de 2020, pero persisten brechas territoriales. La violencia de género sigue siendo crítica: se reportaron 37.755 casos de delitos sexuales contra mujeres en 2025, de los cuales el 78,9 por ciento correspondió a mujeres menores de 18 años. Además, la Fiscalía registró 68 casos de transfeminicidios entre 2024 y lo corrido de 2026. En materia ambiental, la deforestación alcanzó 113.608 hectáreas en 2024 y 119.483 en 2025, con la Amazonía concentrando el 65 por ciento de la pérdida de bosque en 2025. El índice de Gini de propiedad rural se ubica en 0,89, lo que indica que el 1 por ciento de los mayores propietarios concentra el 45 por ciento de la tierra rural, una desigualdad estructural que alimenta el conflicto.
El informe también documenta 1.743 asesinatos de personas lideresas y defensoras de derechos humanos entre 2016 y junio de 2026, así como 711 agresiones contra periodistas entre enero de 2025 y el 15 de julio de 2026. La Defensoría identificó además 34 Alertas Tempranas entre 2023 y 2026 que señalan la minería ilegal como una economía de riesgo que alimenta la violencia. El documento reconoce avances en algunas regiones, pero subraya la persistencia de brechas y violencias que siguen afectando a la población, especialmente a comunidades étnicas y grupos vulnerables. La Defensoría del Pueblo se comprometió a dar seguimiento continuo a estas problemáticas en los próximos años.
