La Defensoría del Pueblo afirmó que la responsabilidad principal frente a la crisis de acceso a medicamentos en Colombia recae en el Gobierno Nacional, afirmación que fue comunicado durante la presentación del informe Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados, con enfoque territorial, realizada el 5 de noviembre. El documento destaca que la problemática es central y estructural, y sitúa al Gobierno como actor clave para construir soluciones integrales que permitan superar las barreras de acceso en el país.
El informe, realizado con la cooperación del Gobierno y la Superintendencia Nacional de Salud, se apoya en 3.449 encuestas aplicadas en puntos de dispensación y ofrece un mapeo de la crisis a nivel territorial. Según la Defensoría, la realidad del acceso a medicamentos es desigual y afecta con mayor intensidad a poblaciones rurales, étnicas y aquellas con baja conectividad. Entre las causas identificadas figuran la inequidad social y económica, la falta de transparencia, la descoordinación y vacíos en la gestión pública, hallazgos que se expresan en cifras que acompañan el reporte: hasta septiembre de 2025 se registraron 584 medicamentos no entregados, y casi la mitad de esos casos siguen sin resolverse. La encuesta también revela que 61% de los encuestados declaró haber tenido que adquirir medicamentos por cuenta propia, y entre los fármacos más reportados como no entregados se cuentan metformina, valsartán y losartán. Se subraya, además, que la falta de entrega de seis fármacos esenciales podría representar entre el 7% y el 90% del ingreso mensual de una persona, una brecha que evidencia el impacto directo en la economía de las familias.
La Defensoría señala la responsabilidad gubernamental y propone medidas para un canal de suministro más eficiente
En un balance de datos y contextos, el informe subraya que las tutelas por derecho a la salud superan el millón en los últimos cinco años y ocho meses, y que en 2025 las acciones judiciales por este derecho alcanzaron el 33,85%, mientras las vinculadas a entregas tardías de medicamentos o insumos sumaron 36,82%. En el periodo 2022-2025 se registraron 107.000 quejas por temas de salud y 685.000 reclamos por medicamentos, con un promedio diario de 1.600 casos, cifras que dan cuenta de la presión que genera la problemática sobre el sistema y los derechos de las personas.
«La responsabilidad principal es del Gobierno Nacional». – Iris Marín Ortiz, Defensoría del Pueblo
«La inequidad social y económica es una causa estructural del problema. Mientras persista, será difícil garantizar el acceso universal y efectivo a los servicios de salud» – Iris Marín Ortiz, Defensoría del Pueblo
«El sistema no tiene un problema de escasez, sino de disponibilidad por el canal institucional» – Iris Marín Ortiz, Defensoría del Pueblo
«El Gobierno dijo que las veía con buenos ojos y eso es positivo» – Iris Marín Ortiz, Defensoría del Pueblo
«La polarización en el debate está llevando a que los puntos se extremen y no se pueda llegar a acuerdos sobre qué hacer» – Iris Marín Ortiz, Defensoría del Pueblo
«Sobre acaparamientos con fines políticos: el documento no contiene evidencia que respalde esa hipótesis» – Iris Marín Ortiz, Defensoría del Pueblo
Según el contexto expuesto por la Defensoría, el estudio propone medidas específicas para avanzar en un canal de distribución más eficiente: la creación de un listado de medicamentos esenciales por territorio, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria para la dispensación y un mecanismo de reembolso para pacientes que deban acudir al canal comercial. En este sentido, el Gobierno afirmó ver con buenos ojos las recomendaciones planteadas. No obstante, el informe advierte sobre obstáculos actuales como la opacidad financiera de las EPS y las IPS, retrasos en los pagos, distorsiones en la cadena logística y barreras administrativas provocadas por cambios en gestores farmacéuticos, que dificultan la implementación de soluciones y la garantía de un suministro estable de medicamentos a la población.
El contexto de la presentación indica que se trata de una noticia relevante por la proximidad de la definición de políticas de salud y el impulso de acciones que permitan mitigar una crisis que ya afecta derechos básicos como la alimentación, la educación y la vivienda cuando las familias deben recurrir al canal privado para obtener medicinas. Los departamentos más impactados, según el informe, incluyen Vichada, Guainía, Chocó y San Andrés y Providencia, junto con La Guajira, Arauca, Amazonas, Putumayo, Nariño, Vaupés, Córdoba, Guaviare, Risaralda, Caldas y Quindío, lo que evidencia una dispersión geográfica de la problemática y la necesidad de respuestas ajustadas a realidades territoriales. Ante este panorama, la Defensoría insiste en que la solución exige coordinación entre entidades, mayor transparencia financiera y un marco de derecho a la salud que garantice el acceso oportuno y equitativo a los medicamentos esenciales para toda la población.
