Una comisión humanitaria encabezada por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, junto a un equipo interdisciplinario de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Iglesia católica y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, verificó la grave crisis humanitaria en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Esta visita, realizada durante dos días consecutivos, se centró en zonas como Filo Gringo y la cabecera urbana de El Tarra, así como en albergues de El Tarra, Versalles y Pacelli en Tibú. El propósito fue constatar la situación generada por la intensificación de enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc desde finales de diciembre de 2025, escuchando testimonios de las comunidades y entregando ayuda humanitaria.
Durante el recorrido por las zonas afectadas y visitas a los albergues, la comisión recogió denuncias sobre combates en áreas como Filo Gringo, Orú, Versalles, Beltrania, Campo Dos y La Gabarra, incluyendo el uso de drones para atacar viviendas y la presencia de disidencias de las Farc en Filo Gringo. Las cifras revelan la magnitud de la tragedia: 88 núcleos familiares han sido desplazados hacia Ocaña, mientras que cerca de 2.000 personas provenientes del Catatumbo se encuentran desplazadas en Cúcuta. La reanudación del conflicto armado ha provocado desplazamientos masivos, confinamientos, daños a viviendas e infraestructura, y el abandono de comunidades enteras, con suspensión de actividades escolares y productivas, además de que el personal médico abandonó Filo Gringo por falta de garantías de seguridad.
Clamor de paz y llamado urgente al Estado
Iris Marín expresó con claridad el sentir de las comunidades al afirmar: “Hemos venido al Catatumbo a escuchar el clamor de paz de comunidades que hoy viven entre el miedo, el confinamiento y el abandono”. En el balance post-visita, la Defensora del Pueblo hizo un llamado enfático: “Hacemos un llamado al Estado a adoptar medidas urgentes de protección y atención, y a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario”. Además, denunció la indiferencia de los actores armados: “El ELN y el Frente 33 desprecian la dignidad de la gente y comunidades del Catatumbo. Parecen indiferentes a los efectos de su accionar en una guerra de egos y por las economías ilícitas. Sin embargo, el pueblo del Catatumbo no se rinde. Las instituciones del Estado tampoco podemos ni debemos rendirnos”.
“Hemos venido al Catatumbo a escuchar el clamor de paz de comunidades que hoy viven entre el miedo, el confinamiento y el abandono”.
Iris Marín, Defensora del Pueblo
Respuesta institucional ante la alerta de desplazamiento masivo
Las autoridades locales y nacionales han reaccionado ante la alerta por un posible desplazamiento masivo. El alcalde de Teorama, Uber Conde, suspendió las festividades municipales para priorizar la seguridad. El general Hugo Alejandro López, comandante de las Fuerzas Militares, anunció el fortalecimiento de operaciones militares en la zona, mientras que el ministro Pedro Sánchez dispuso la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Tibú. El informe de la comisión destaca la falta de garantías para la seguridad y una vida digna, subrayando la urgencia de acciones coordinadas para proteger a la población del Catatumbo.
