La Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz afirmó que la relación institucional con el Gobierno del presidente Gustavo Petro presenta dificultades que afectan la autonomía de la Defensoría y la protección de derechos humanos en Colombia, afirmación que hizo en una entrevista publicada por Cambio. Entre los elementos mencionados figura un recorte presupuestal para 2026 de 59.530 millones de pesos, un 5% menos que el año anterior, acompañado de una caída de la inversión cercana al 30% y de una reducción total de 11,2% del presupuesto solicitado, circunstancias que, según ella, debilitan la presencia institucional y la capacidad de respuesta ante crisis de derechos humanos.
La Defensora describió un diálogo con el Ejecutivo desigual: con algunos ministros hay interlocución, pero sólo a nivel técnico con otros y, en varios casos, prácticamente nulo, lo que se da en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado y violencia organizada que agrava la protección de derechos humanos. Este escenario subraya la necesidad de una mejor coordinación interna y con otras instituciones para salvaguardar a víctimas y comunidades en zonas de riesgo.
Relación con el Ejecutivo, recortes presupuestales y la protección de derechos humanos
En el plano de seguridad, la Defensoría advierte que el Clan del Golfo, con cerca de 9.000 integrantes, se ha consolidado como la principal amenaza armada, mientras que las decisiones presupuestarias se tomaron sin diálogo con la Defensoría, reduciendo recursos que afectan su funcionamiento y su presencia en zonas de riesgo. En el ámbito sanitario, 61% de los encuestados debió financiar de su propio bolsillo medicamentos que no recibió a través del sistema de salud, un indicio de las desigualdades que persisten y del crecimiento del mercado farmacéutico frente a la caída en el acceso para la población.
«El diálogo se mantiene, al menos, con algunos ministros; en otros casos, solo con el nivel técnico, y con otros es prácticamente nulo» – Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo
«La desarticulación repercute negativamente en la capacidad del Estado para responder de manera integral a las crisis de derechos humanos» – Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo
La entrevista publicada por Cambio ha colocado la crítica a la relación con el Gobierno, las decisiones presupuestarias y los temas de seguridad y derechos humanos en el centro de la conversación nacional, señalando que la reducción de recursos y la debilidad en la coordinación podrían afectar la presencia institucional en zonas de mayor riesgo y la capacidad de respuesta ante crisis de derechos humanos, con posibles efectos sobre los derechos de las víctimas y el acceso a medicamentos.
