La Defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un urgente llamado el 25 de diciembre para que el ELN y las disidencias del Frente 33 cesen de inmediato los combates en el corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, en la región del Catatumbo, nororiente de Colombia. A través de canales oficiales y redes sociales de la Defensoría del Pueblo, solicitó también el permiso para el ingreso de personal médico y misiones humanitarias, ante el recrudecimiento de enfrentamientos que han dejado heridos sin atención, confinamientos y desplazamientos masivos de la población civil.
En las últimas 24 horas, cerca de 250 personas han sido desplazadas, según reportes del NRC y autoridades locales, con 54 núcleos familiares, aproximadamente 200 personas, llegando a Cúcuta, y 11 familias, unas 50 personas, a Ocaña. Además, más de 6.000 habitantes del corregimiento de Pachelly enfrentan riesgo inminente de desplazamiento. En lo corrido de 2025, al menos 200.000 personas, el 53 por ciento de la población de la subregión del Catatumbo, han sido afectadas por la violencia, de acuerdo con la OCHA. Familias procedentes de Tibú y El Tarra han huido hacia estas ciudades, mientras los combates se concentran en el kilómetro 16 de la vía Tibú-La Gabarra-Orú-Versalles.
Crisis humanitaria agravada por restricciones armadas
Los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 han escalado en una zona con histórico de violencia, y el 25 de diciembre los habitantes de La Gabarra se refugiaron en una escuela rural. Retenes armados impidieron el paso de una ambulancia que intentaba llevar heridos al hospital de Tibú, exacerbando la crisis. Esta situación ha generado llamados de respaldo de diversas entidades, incluyendo el NRC, la OCHA, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la vicepresidenta Francia Márquez.
«Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra – Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona.»
Iris Marín, Defensora del Pueblo
«Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección.»
Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia
La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz se sumó al clamor por el fin de las hostilidades, enfatizando que la palabra debe ser la única arma para construir un mejor país. Este episodio subraya la persistente crisis humanitaria en el Catatumbo, donde la población civil paga el costo más alto de la escalada armada entre grupos ilegales.
«Nos sumamos al llamado de la Defensoría para clamar por el cese de las hostilidades y el respeto por la vida. La palabra debe ser la única arma para luchar por un mejor país.»
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
