La Defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un urgente llamado al ELN y a las disidencias del Frente 33 para que cesen de inmediato los combates en el corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, en la región del Catatumbo, Colombia. Esta solicitud, emitida el 25 de diciembre a través de canales oficiales y redes sociales de la Defensoría del Pueblo, busca también garantizar el ingreso inmediato de personal médico y misiones humanitarias para atender a los heridos y a los civiles afectados por el recrudecimiento de los enfrentamientos, que han dejado a cientos de personas sin atención médica, confinadas y con restricciones en las vías de acceso.
En las últimas 24 horas, cerca de 250 personas han sido desplazadas, según reportes del Norwegian Refugee Council (NRC) y autoridades locales. En Cúcuta se registran 54 núcleos familiares, equivalentes a unas 200 personas, mientras que en Ocaña han llegado 11 familias, aproximadamente 50 individuos. Además, en la vereda Pachelly existe un riesgo inminente de desplazamiento o confinamiento para más de 6.000 personas, en medio de una crisis humanitaria que ha afectado al menos a 200.000 habitantes del Catatumbo durante 2025, lo que representa el 53% de la población subregional, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Escalada de violencia y crisis humanitaria
Los intensos combates entre el ELN y las disidencias del Frente 33 se concentran en la vía Tibú-La Gabarra, particularmente en el kilómetro 16, donde el recrudecimiento reportado el 25 de diciembre ha forzado a civiles a refugiarse en una escuela rural y ha bloqueado incluso una ambulancia por un retén armado. Comunidades en Tibú advierten sobre un confinamiento generalizado debido a la presencia de grupos armados ilegales, mientras el NRC ha activado una respuesta humanitaria de emergencia para brindar asistencia urgente.
“Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra – Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”
Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia
“Nos sumamos al llamado de la Defensoría para clamar por el cese de las hostilidades y el respeto por la vida. La palabra debe ser la única arma para luchar por un mejor país”
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
La Defensoría del Pueblo ha coordinado con instituciones estatales para implementar medidas de protección, en tanto la vicepresidenta Francia Márquez ha exigido respeto por la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades, junto con garantías de seguridad y apoyo humanitario. Esta escalada de violencia, con desplazamientos masivos desde Tibú y El Tarra hacia Cúcuta y Ocaña, agrava una crisis prolongada en el Catatumbo, donde la población clama por soluciones que prioricen la vida y la paz.
