La Defensora del Pueblo, Iris Marín, exigió este 25 de diciembre el cese inmediato de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33 en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, en la región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. A través de canales oficiales y las redes sociales de la Defensoría, Marín pidió también el urgente ingreso de personal médico y misiones humanitarias para atender la crisis generada por el recrudecimiento de los combates, que han dejado heridos, confinamientos y desplazamientos masivos.
En las últimas 24 horas, cerca de 250 personas han sido desplazadas por la violencia, con 54 núcleos familiares, equivalentes a unas 200 personas, llegando a Cúcuta, y 11 familias, aproximadamente 50 individuos, refugiándose en Ocaña. Además, más de 6.000 personas en la vereda Pachelly enfrentan riesgo inminente de confinamiento y nuevo éxodo. Durante 2025, al menos 200.000 habitantes del Catatumbo, que representan el 53 por ciento de la población de esta subregión, han sido afectados por el conflicto.
“Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra – Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”.
Iris Marín, Defensora del Pueblo
Crisis humanitaria agravada por bloqueos armados
Los combates escalaron con fuerza el 25 de diciembre en La Gabarra, donde habitantes se refugiaron en una escuela rural ante los intensos enfrentamientos, y se reportaron múltiples heridos. Ambulancias han sido restringidas por retenes armados en el kilómetro 16 de la vía Tibú-La Gabarra, obligando a una de ellas a regresar sin poder llegar al hospital de Tibú. Organizaciones como el NRC, OCHA y el gobierno han clamado por acción inmediata, mientras la vicepresidenta Francia Márquez urgió respeto por la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades, junto con garantías de seguridad y apoyo humanitario.
“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”.
Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia
El NRC activó su respuesta de emergencia y solicitó al Estado mayor atención para los desplazados, así como respeto a los civiles por parte de los actores armados. En un llamado conjunto, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz se sumó a la Defensoría exigiendo el fin de las hostilidades.
“Nos sumamos al llamado de la Defensoría para clamar por el cese de las hostilidades y el respeto por la vida. La palabra debe ser la única arma para luchar por un mejor país”.
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
Esta escalada en el Catatumbo subraya la persistente inestabilidad en la zona, donde los choques entre el ELN y las disidencias del Frente 33 han profundizado una crisis humanitaria que demanda intervención inmediata para proteger a las comunidades atrapadas en el fuego cruzado.
