Iris Marín, Defensora del Pueblo, solicitó el 25 de diciembre al ELN y al Frente 33 de las disidencias de las FARC un cese inmediato de los combates en el corregimiento de La Gabarra, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, en la región del Catatumbo, Colombia. A través de canales oficiales y las redes sociales de la Defensoría del Pueblo, exigió permitir el ingreso de personal médico para evacuar heridos y de misiones humanitarias para atender la crisis generada por el recrudecimiento de los enfrentamientos, que han dejado heridos sin atención, confinamiento de comunidades y graves restricciones a la movilidad.
En las últimas 24 horas, cerca de 250 personas se han desplazado huyendo de la violencia, según datos del Norwegian Refugee Council (NRC) y autoridades locales. De ellas, 54 núcleos familiares, aproximadamente 200 personas, llegaron a Cúcuta, mientras que en Ocaña se registraron 11 familias, unas 50 personas. Además, más de 6.000 habitantes de Pachelly enfrentan riesgo inminente de desplazamiento o confinamiento, en un contexto donde al menos 200.000 personas, el 53 por ciento de la población subregional, han sido afectadas en Catatumbo durante 2025, de acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Escalada de violencia genera crisis humanitaria
Los combates se han concentrado en el kilómetro 16 de la vía Tibú-La Gabarra-Orú-Versalles, donde el 25 de diciembre se reportó un recrudecimiento que obligó a los habitantes a refugiarse en una escuela rural y bloqueó una ambulancia por retenes armados. Esta escalada entre el ELN y las disidencias del Frente 33 ha profundizado la crisis humanitaria en la zona, con cientos de familias en fuga desesperada por salvar sus vidas.
“Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra – Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”
Iris Marín, Defensora del Pueblo
La solicitud de la Defensora del Pueblo ha recibido respaldo de diversas entidades, incluyendo la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz y la vicepresidenta Francia Márquez, quien también pidió respeto por la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades. Por su parte, el NRC ha activado una respuesta humanitaria de emergencia para brindar asistencia urgente.
“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”
Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia
“Nos sumamos al llamado de la Defensoría para clamar por el cese de las hostilidades y el respeto por la vida. La palabra debe ser la única arma para luchar por un mejor país”
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz
Este nuevo capítulo de violencia en Catatumbo subraya la urgencia de medidas concretas para proteger a la población civil y avanzar hacia soluciones pacíficas en una región históricamente azotada por el conflicto armado.
