La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, presentó observaciones y recomendaciones sobre los compromisos suscritos el pasado 5 de diciembre entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia, durante una reunión en Doha, Catar. Estas observaciones se centran en la aplicación territorial de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), la protección de las comunidades y las medidas para una implementación efectiva, todo ello a través de un comunicado oficial que propone un mecanismo tripartito de seguimiento, monitoreo y verificación. El propósito es precisar aspectos operativos y territoriales, así como garantizar la seguridad de la población civil, las víctimas y las comunidades afectadas.
Entre los compromisos destacados por la Defensoría se encuentra el no reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, junto con la eliminación de las violencias físicas y sexuales en su contra. Asimismo, se enfatiza el respeto y la no interferencia en la paz electoral durante procesos políticos electorales nacionales y territoriales. Estos acuerdos, anunciados desde Doha con un reforzado acompañamiento internacional, incluyen también la protección de la naturaleza, el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y otras garantías para avanzar en los esfuerzos de paz.
Recomendaciones para una implementación efectiva
La Defensoría formuló recomendaciones específicas, como la adopción de medidas de seguridad en las ZUT antes, durante y después de su establecimiento, la realización de pedagogía pública para informar a la ciudadanía, la participación activa de autoridades étnico-territoriales y la creación de un mecanismo ágil para la salida de menores de edad del grupo armado. Además, se propone un traslado progresivo de integrantes a estas zonas, con claridad en los objetivos, condiciones y cronograma, siempre contribuyendo a los derechos de las víctimas bajo lineamientos jurídicos y acciones que no generen daño adicional.
“El no reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas adolescentes menores de 18 años y la eliminación de las violencias físicas y sexuales en su contra”
Defensoría del Pueblo
“respeto y no interferencia a la paz electoral en procesos políticos electorales nacionales y territoriales”
Defensoría del Pueblo
En su comunicado, la Defensoría del Pueblo expresó su esperanza en estos avances y se puso nuevamente a disposición del espacio de conversación para acompañar, desde su autonomía e independencia, el cumplimiento de los compromisos alcanzados. Finalmente, exhortó al Gobierno nacional y al Congreso de la República a trabajar en un marco jurídico que ampare estos esfuerzos de paz, consolidando así un camino hacia la reconciliación y la protección integral de los derechos humanos en el territorio colombiano.
