La Defensoría del Pueblo rechazó de manera tajante el anuncio del ELN de someter a un “juicio revolucionario” a cuatro civiles detenidos en Arauca y exigió su liberación inmediata e incondicional. El pronunciamiento llega ante la detención de dos agentes del CTI de la Fiscalía General de la Nación, identificados como Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, y de dos funcionarios de la Policía Nacional, Yordin Fabián Pérez Mendoza y Franki Esley Hoyos Murcia, secuestrados en Fortul el 8 de mayo de 2025 y en la vía entre Tame y Arauca el 20 de julio de 2025. La Defensoría subraya que estas personas son civiles que trabajan para la seguridad y la justicia y que su detención es ilícita, por lo que debe terminar sin condiciones, en pleno respeto al Derecho Internacional Humanitario.
La institución enfatizó que no existe fundamento para que grupos armados internos gestionen procesos judiciales que prolonguen el sufrimiento de las víctimas ni para supuestos “códigos de guerra” que justifiquen un canje o intercambio de personas, y llamó a redoblar esfuerzos humanitarios y diplomáticos para facilitar la liberación pronta y segura de todos los detenidos, manteniendo el marco de las normas internacionales que protegen la vida y la dignidad humana. Este señalamiento llega en un contexto en el que el Gobierno nacional, incluido el Comisionado de Paz, Otty Patiño, y organismos internacionales, deben coordinar acciones que garanticen la seguridad y el respeto por los derechos fundamentales de los civiles involucrados.
Defensoría del Pueblo advierte sobre la ilegalidad de un juicio fuera del marco estatal y la necesidad de libertad inmediata
La Defensoría dio continuidad a sus observaciones al recordar que el ELN divulgó un video que la propia organización presenta como prueba de supervivencia de los secuestrados, mientras que desde el organismo su enfoque fue resaltar que no debe haber procesos internos dentro de grupos insurgentes que prolonguen el daño a las víctimas. En ese marco, se insistió en que la cooperación entre el Gobierno nacional y la comunidad internacional es imprescindible para priorizar acciones humanitarias y diplomáticas que favorezcan la liberación de las cuatro personas.
«juicio revolucionario» – ELN; «este procedimiento es ‘inadmisible’ y viola los principios fundamentales del DIH, los Convenios de Ginebra y lo establecido en la Convención Internacional de la Naciones Unidas contra la Toma de Rehenes.» – Defensoría del Pueblo; «La libertad de los secuestrados no puede estar sujeta a condiciones como un ‘canje humanitario’ o cualquier otro tipo de intercambio.» – Defensoría del Pueblo; «a redoblar los esfuerzos humanitarios y diplomáticos que permitan la liberación pronta y segura de todas las personas, en estricto cumplimiento de las normas internacionales que protegen la vida y la dignidad humana» – ELN
La noticia es relevante no solo por la ruptura de la seguridad de cuatro civiles vinculados a la seguridad y la justicia, sino también por la persistencia de prácticas como el secuestro en el marco del conflicto armado colombiano y su impacto humanitario. Antecedentes señalan el uso del secuestro como arma de presión, mientras que el marco del DIH y los Convenios internacionales protegen a las personas no combatientes, lo que agrava la preocupación ante la posibilidad de que se repitan escenarios similares si no se robustecen los esfuerzos para su rescate y protección.
