La Defensoría del Pueblo rechazó de manera contundente el anuncio de un paro armado de 22 días realizado por el frente Carolina Ramírez, estructura del Estado Mayor Central (EMC) y disidencia de las FARC, en los departamentos de Caquetá y Putumayo, así como en sus límites con Perú y Ecuador. Este paro, programado del 9 al 30 de diciembre, restringe la movilidad de vehículos por carreteras y ríos, limita el desplazamiento de las personas y obliga al cierre de comercios, afectando gravemente los derechos fundamentales de la población civil.
El grupo armado hizo público el anuncio, mientras que la Defensoría expresó su rechazo a través de su cuenta oficial en la red social X, argumentando que estas medidas infringen el Derecho Internacional Humanitario, profundizan el miedo en las comunidades y ponen en riesgo la seguridad de sus habitantes. Putumayo, segunda región con mayor producción de hoja de coca en Colombia solo superada por Nariño, se ve particularmente vulnerable ante estas acciones que buscan controlar corredores para el narcotráfico y otras economías ilegales.
Contexto de violencia y negociaciones en la zona
El frente Carolina Ramírez participó en mesas de diálogo con el Gobierno nacional entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no se encuentra en proceso de negociación. En la misma región operan otros grupos como los Comandos de la Frontera (CNEB) y el frente Raúl Reyes, dos de los tres en conversaciones con el Ejecutivo. Human Rights Watch (HRW) ha alertado previamente sobre abusos de grupos armados en Putumayo, incluyendo violencia contra comunidades indígenas y el uso de procesos de diálogo para consolidar control territorial. Paros anteriores han estado acompañados de amenazas y agresiones contra quienes no acatan las órdenes.
“Ningún actor armado puede restringir ilegalmente la movilidad ni las libertades de la población. Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones.»
Defensoría del Pueblo
En respuesta a esta situación, la Defensoría activó su sistema de alertas tempranas para acompañar a las comunidades, priorizando a niños, adolescentes, adultos mayores y grupos étnicos, y llamó a las autoridades a reforzar la seguridad y garantizar la movilidad en la zona.
“La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial.”
Defensoría del Pueblo
Este rechazo subraya la urgencia de proteger a la población civil en medio de la persistente dinámica de confrontación armada, donde las economías ilegales continúan alimentando la violencia y las restricciones a la vida cotidiana en estas fronteras sensibles.
