La Defensoría del Pueblo de Colombia alertó sobre un notable aumento de violencia política contra candidatos presidenciales entre el 13 de marzo y el 15 de abril, a solo semanas de las elecciones del 31 de mayo. Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo, reveló que esta escalada incluye amenazas en redes sociales, estigmatización, difamación, violencia de género, prejuicios y ataques directos a sedes de campaña, además de la presencia de actores armados en eventos públicos, afectando a figuras como Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aida Quilcué, Sondra Macollins, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, José Manuel Restrepo y Sergio Fajardo.
Este análisis de seguimiento realizado por la Defensoría destaca cómo el clima tenso de las campañas en su fase decisiva ha propiciado un entorno de hostilidad que se manifiesta tanto en plataformas digitales como en actividades públicas a lo largo del país, reproduciendo desigualdades estructurales y generando ambientes de miedo que impactan la deliberación democrática.
Desigualdades y deterioro de la democracia
La violencia no golpea por igual a todas las candidaturas, sino que agrava brechas preexistentes mediante descalificaciones por género, ataques sexualizados, expresiones racistas contra afrodescendientes e indígenas, y prejuicios por orientaciones sexuales diversas, lo que provoca autocensura, silenciamiento y restricciones prácticas al derecho de los ciudadanos a elegir libremente. Iris Marín Ortiz enfatizó que estos hechos deterioran el proceso electoral en un momento crucial de la recta final de las campañas.
“En la Defensoría del Pueblo hemos hecho seguimiento, entre el 13 de marzo y el 15 de abril, al compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia, que establece como ejes normativos y éticos la primacía de la vida y la no violencia”
Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo
“Esta violencia no afecta a todas las candidaturas por igual y está reproduciendo desigualdades estructurales”
Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo
“Los ambientes de miedo, autocensura, desinformación y hostilidad que se están generando deterioran la deliberación democrática y pueden restringir en la práctica el derecho de la ciudadanía a elegir libremente”
Iris Marín Ortiz, defensora del pueblo
En respuesta, la Defensoría llamó a la Fiscalía General, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección a reforzar las medidas de prevención, mientras insta a las campañas a rechazar expresamente estos hechos de violencia de manera no selectiva, garantizando así un proceso electoral en paz que priorice la vida y la no violencia como pilares éticos y normativos.
