La Defensoría del Pueblo, liderada por Iris Marín, salió en defensa de la legalidad y constitucionalidad del Decreto 1469 de 2025, que establece un incremento del 23% al salario mínimo para 2026, llevando esta remuneración a dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte. La entidad presentó una intervención jurídica ante el Consejo de Estado en respuesta a las 17 demandas de nulidad interpuestas contra la norma impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, en un momento clave tras la suspensión provisional decretada por el alto tribunal el 13 de febrero de 2025.
Esta medida beneficia directamente a 2,4 millones de trabajadores que devengan salario mínimo, según datos del Dane, y busca mejorar las condiciones de vida de millones de familias vulnerables en Colombia. El Consejo de Estado, con el consejero ponente Juan Camilo Morales Trujillo, otorgó ocho días al Gobierno para emitir un nuevo decreto con explicaciones detalladas, lo que ha generado un intenso debate sobre el impacto económico y social de la decisión.
Principios constitucionales en el centro del debate
La Defensoría argumenta que el aumento salarial responde a criterios como la inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el crecimiento del PIB, alineándose con el artículo 53 de la Constitución Política y la Sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional. Iris Marín enfatizó que el análisis no puede limitarse a variables macroeconómicas, sino que debe priorizar la dignidad humana y el derecho a una remuneración suficiente, trascendiendo el mero intercambio mercantil.
«no puede limitarse a un análisis centrado exclusivamente en variables macroeconómicas»
Iris Marín, Defensora del Pueblo
En su intervención, la Defensoría del Pueblo subrayó que es indispensable defender los derechos humanos, el interés general y la Constitución, posicionando la remuneración mínima vital como una garantía fundamental más allá de una simple cifra anual.
«indispensable intervenir en defensa de los derechos humanos, el interés general y la Constitución»
Iris Marín, Defensora del Pueblo
«la remuneración mínima vital en el ordenamiento jurídico colombiano no puede entenderse únicamente como una cifra económica o un monto decretado anualmente»
Defensoría del Pueblo
«se trata de una garantía constitucional que trasciende la esfera del intercambio mercantil para ubicarse en el núcleo de la dignidad humana»
Defensoría del Pueblo
Este respaldo institucional llega en un contexto de alta tensión, donde la suspensión provisional del decreto pone en jaque las expectativas de mejora económica para los trabajadores de menores ingresos, afectando no solo sus bolsillos sino la dinámica general de la economía nacional.
