La defensora del Pueblo, Iris Marín, respaldó públicamente la decisión del Gobierno nacional de revisar y trasladar a personas privadas de la libertad que permanecían en casas fiscales, guarniciones militares y estaciones de Policía, reafirmando que nadie está por encima de la ley. La instrucción fue girada por el presidente Abelardo de la Espriella durante su alocución del 13 de septiembre, como parte del séptimo punto de su intervención dedicado a eliminar los privilegios para condenados por corrupción. Previamente, el miércoles 9 de septiembre se realizó un operativo en el que cuatro personas fueron trasladadas desde el Cespo de la Policía hacia la cárcel La Picota.
La defensora señaló que la medida busca eliminar tratos diferenciados y garantizar que todas las personas privadas de la libertad cumplan sus condenas en condiciones de igualdad ante la ley. «En los últimos días, el Gobierno Nacional, por instrucción del Presidente de la República, dispuso el traslado de personas privadas de la libertad que permanecían en casas fiscales y guarniciones militares», afirmó Marín a través de la cuenta de X de la Defensoría del Pueblo. La funcionaria agregó que la institución que lidera mantendrá la vigilancia de los derechos humanos de todos los reclusos durante este proceso, velando porque sus derechos sean respetados en un marco de estricto respeto por la acción de la justicia.
Igualdad ante la ley sin privilegios
El presidente Espriella fue enfático al señalar que ha ordenado revisar y proceder conforme a la ley sin privilegios ni contemplaciones al traslado de quienes se encuentran privados de la libertad en guarniciones militares o estaciones de Policía sin cumplir las condiciones legales para permanecer allí. En su mensaje, el mandatario centró su atención en personas que aprovecharon cargos estatales para apropiarse de dineros públicos, afectando servicios financiados con recursos oficiales. «Los llamados delincuentes de cuello blanco no son delincuentes de una categoría superior», sentenció Espriella.
Entre los casos que motivaron la medida figuran el del exrepresentante Andrés Calle, investigado por corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd), quien habría recibido presuntamente $1.000 millones de pesos, según la investigación de la Fiscalía. También fueron trasladados Víctor Gamboa, implicado en irregularidades urbanísticas en Villa de Leyva; el abogado Álex Vernot, condenado a seis años de prisión por soborno en actuación penal en el caso Hyundai; y Emiro Rojas, señalado por torturas psicológicas contra la periodista Claudia Julieta Duque.
«Seguiremos acompañando, desde nuestras funciones constitucionales de velar por los derechos humanos, a todas las personas privadas de la libertad para que sus derechos sean respetados integralmente en un marco de estricto respeto por la acción de la justicia»
Iris Marín, Defensora del Pueblo
La revisión ordenada por el presidente contempla dos decisiones: verificar las condiciones legales de reclusión y ordenar el cambio de lugar cuando no exista respaldo jurídico. La Defensoría del Pueblo, por su parte, mantendrá un acompañamiento constante para garantizar que los traslados se realicen sin vulnerar los derechos fundamentales de los internos, mientras el Gobierno avanza en su objetivo de acabar con los privilegios históricos que beneficiaban a ciertos reclusos de alto perfil en instalaciones militares y policiales.
