La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para Bucaramanga y su área metropolitana ante el creciente riesgo que representa la expansión de grupos armados y redes delincuenciales en la región. El organismo identificó la presencia de estructuras como Los de la olla y el Tren de Aragua, junto con otras bandas que operan desde centros penitenciarios, y advirtió que estas ejercen control territorial en barrios populares, donde exigen permisos e imponen sus propias normas, afectando incluso a las Juntas de Acción Comunal.
La alerta, basada en información suministrada por la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), detalla un mapa de riesgos que abarca diversas comunas de Bucaramanga y los municipios de Girón, Floridablanca y Piedecuesta. Según el análisis, la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes es una de las mayores preocupaciones, ya que son utilizados como campaneros o para el transporte de drogas. Además, se identificó que las mujeres enfrentan un riesgo elevado de feminicidio y que las personas LGBTIQ+ están expuestas a violencia sexual y feminicida. Los corredores de movilidad, por su parte, facilitan la circulación de drogas, armas y dinero proveniente de extorsiones.
Recomendaciones y acciones urgentes
Frente a esta situación, la Defensoría del Pueblo formuló un total de 27 recomendaciones dirigidas a entidades nacionales y locales, incluyendo a los Ministerios de Defensa, del Interior y de Justicia; la Gobernación de Santander; las alcaldías municipales; la Policía Metropolitana; la Unidad Nacional de Protección; el ICBF y el Inpec. Las sugerencias buscan disuadir amenazas, fortalecer la protección diferencial de las poblaciones vulnerables, mitigar los riesgos identificados y articular los esfuerzos institucionales para una respuesta coordinada.
Un punto crítico del informe señala que las cárceles, especialmente las de Girón y Bucaramanga, se han convertido en focos desde donde se coordinan extorsiones, amenazas y homicidios. El Tren de Aragua, en particular, fue señalado por dedicarse al sicariato, la extorsión y el microtráfico, mientras que otros grupos mantienen el control en entornos escolares, deportivos y comunitarios. La Defensoría del Pueblo se comprometió a monitorear el desarrollo de estos riesgos y a acompañar a las comunidades afectadas, mientras solicita a las autoridades tomar medidas urgentes para prevenir violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
