La Veintitrés Manizales, desde Barranquilla, informa que la Defensoría del Pueblo presentó en Barranquilla un informe titulado Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados: un análisis con enfoque territorial en Colombia, que alerta sobre barreras estructurales de acceso a medicamentos y su impacto en el derecho a la salud. La audiencia pública, programada para la mañana del 5 de noviembre de 2025, reunió a autoridades y representantes de comunidades para exponer hallazgos basados en 3.449 encuestas realizadas en distintos puntos del país, el seguimiento de desabastecimientos y la revisión de tutelas y quejas.
Entre los hallazgos destacan que hasta septiembre de 2025 se identificaron 584 medicamentos diferentes sin entregar; además, 1.798 reportes de desabastecimiento y 48% de esos casos seguía sin resolución. El 61% de los encuestados afirmó haber comprado los medicamentos por cuenta propia ante la no entrega, y el gasto de bolsillo puede significar entre el 7% y el 90% del ingreso mensual, con casos extremos que superan el 35% en familias de Guaviare y Arauca. El informe indica que el 33,85% de las tutelas en salud registradas en 2025 están vinculadas a la protección del derecho a la salud, y que desde 2020 hasta agosto de 2025 se han radicado ante la Corte Constitucional 1.003.147 acciones jurídicas por este derecho. En cuanto a la acción de la Defensoría, se registraron 18.451 tutelas interpuestas o acompañadas, y 24% de ellas por negación de entrega o acceso a medicamentos esenciales. En términos geográficos, Quindío concentra el 14% de las tutelas, Caldas el 12% y Antioquia el 8%, los departamentos con mayor incidencia. Igualmente, se registraron 685.000 reclamos por medicamentos ante la Superintendencia Nacional de Salud, con un promedio diario de aproximadamente 1.600 casos; 107.000 quejas acumuladas entre 2022 y 2025, de las cuales 35.000 ocurrieron solo en 2024, lo que representa un aumento de alrededor del 32% con respecto al año anterior; 28.000 quejas relacionadas con la prestación de servicios de salud entre enero y agosto de 2025. En el aspecto farmacéutico, los 10 medicamentos con mayor número de reportes concentran el 25% del total, destacándose Metformina, Valsartán y Losartán, mientras que el gasto de bolsillo supera el 35% de ingresos familiares en departamentos como Guaviare y Arauca.
Barreras estructurales al acceso a medicamentos y su impacto en el derecho a la salud
El contexto de este informe se enmarca en un panorama de aumento de tutelas y problemas de suministro desde 2020, en medio de una crisis logística y financiera en el sistema de salud. Ante datos actualizados hasta septiembre de 2025, la Defensoría del Pueblo advierte que las fallas financieras, administrativas y logísticas agravan la vulnerabilidad de las familias, especialmente en zonas rurales y comunidades étnicas, y llama al Gobierno a asumir con urgencia una transformación más clara y menos traumática del sistema, con ideas y mecanismos que aseguren la entrega oportuna de medicamentos y la continuidad de la atención básica. La voz de la Defensoría insiste en que la responsabilidad del Estado no puede deslindarse y que la población padece un debilitamiento progresivo de la protección del derecho a la salud, que se instala cuando el canal institucional cede ante intereses comerciales sin garantizar la continuidad de la atención en salud a quienes más lo necesitan.
«Los problemas de acceso a medicamentos afectan a personas de todo el territorio nacional, no distinguen entre regímenes de atención y tienen elementos de regresividad, porque, además de generar barreras conocidas para los medicamentos y atenciones de alto costo, hoy se presentan también en medicamentos indispensables para la atención primaria integral. Esta regresividad puede instalarse en el futuro, dado que las alteraciones en la cadena logística privilegian el canal comercial sobre el institucional» – Marín Ortiz, Defensora del Pueblo
La Defensoría del Pueblo instó a un giro estructural en la política de medicamentos y a una mayor transparencia en las finanzas de EPS, IPS y gestores farmacéuticos, así como a mejoras en la rendición de cuentas y en los mecanismos de pago para evitar retrasos que alimenten el desabastecimiento. Con el foco puesto en la atención primaria y en la reducción de la pobreza multidimensional, el informe destaca la necesidad de escuchar todas las voces, incluida la de esta Defensoría, para aliviar el sufrimiento que hoy padece la población colombiana y garantizar el derecho a la salud como un bien público universal.
