La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación priorizar la investigación sobre la muerte de Keiner Banguera, ocurrida el pasado 2 de octubre durante un operativo militar conjunto de la Armada Nacional y el Ejército en el sector Arenal del municipio de El Charco, Nariño. El caso ha generado una fuerte controversia, pues mientras el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Abelardo De la Espriella, señala a Banguera como integrante de la estructura 30 de las disidencias de las Farc, la comunidad lo reconoce como un líder social vinculado al Consejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje.
De acuerdo con la versión oficial, los militares habrían respondido a disparos provenientes de una embarcación durante labores de control en la zona. En el operativo se incautaron 675 millones de pesos colombianos en efectivo, una embarcación con motor fuera de borda y proveedores de munición para pistola. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo, que se pronunció el domingo 4 de octubre, pidió esclarecer si se cumplieron los protocolos establecidos para la fuerza pública y garantizar la transparencia del proceso. La justicia penal ordinaria deberá determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte, así como las posibles responsabilidades.
Rechazo a declaraciones del presidente
La controversia se intensificó luego de que el presidente Abelardo De la Espriella se refiriera a Banguera con la expresión “esa plaga”, lo que fue rechazado de manera contundente por la Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Nariño. La entidad afirmó en un comunicado que cualquier persona debe recibir “un trato respetuoso de su dignidad, al margen de las hipótesis que puedan investigarse sobre su conducta o sus eventuales vínculos”. La Secretaría anunció, además, la realización de un consejo de seguridad y la presentación del caso ante el Comité Departamental de Derechos Humanos.
“Un trato respetuoso de su dignidad, al margen de las hipótesis que puedan investigarse sobre su conducta o sus eventuales vínculos”
Secretaría de Paz y Derechos Humanos de Nariño
La Defensoría del Pueblo, por su parte, solicitó que los informes del primer respondiente y todos los elementos materiales probatorios lleguen de inmediato a la Fiscalía, y pidió verificar el cumplimiento de los protocolos por parte de la Fuerza Pública. Asimismo, deberá establecerse la procedencia de los recursos incautados y su destino final. El organismo de derechos humanos continuará acompañando a los familiares de Keiner Banguera y a los habitantes de la zona, mientras se espera que las investigaciones avancen con celeridad para esclarecer los hechos y determinar si hubo excesos o violaciones a los derechos humanos.
